Sin derechos humanos, la cárcel es una tortura

En lo que va del año ya fueron seis las personas que perdieron la vida dentro un establecimiento carcelario. A su vez, el 60% de los detenidos varones en las prisiones cordobesas, no tiene una condena, cifra que supera la media nacional (45%). Mientras que en las mujeres esa estadística asciende al 80%, “porque para eso también son las últimas”, grafica Adriana. 

El aislamiento, la restricción de visitas, la mala alimentación, las insalubres condiciones edilicias y el cóctel de psicofármacos al que son sometidos y sometidas en la prisión, conforman algunas de las características que inciden en una gran vulnerabilidad emocional en las personas privadas de su libertad. “En el caso de Celeste -explica Adriana- se le cerraron todas las puertas, nunca logró ayuda la del Estado. En la cárcel estuvo todo el tiempo aislada, en un estado de shock, y no se le dio la asistencia psicológica necesaria”.

El llamado “chaleco químico”, consiste en la administración de psicofármacos de manera sistemática como forma de sumisión para la mayoría de las personas detenidas. A esta situación se le suman las medidas de aislamiento a la que muchxs están sometidos, lo que les que implica salir una hora cada dos semanas, el resto de sus días apenas reciben la claridad del sol intramuros.

“En el caso de Celeste, estuvo encerrada desde el 1 de febrero, aislada todo el tiempo. Realmente se indujo a un hecho así”, dice Adriana. La madrugada anterior a su suicidio, un joven de 30 años perdió la vida en Bower de un puntazo, en el marco de una pelea: “Quiero recalcar que se induce a la violencia cuando las personas están encerradas en celdas minúsculas, de a dos o tres, todo el tiempo, eso es tortura”, enfatizó.

Por otra parte, la desatención de la salud integral constituye otra variable de la tortura o maltrato a la que son sometidas, un aspecto que no es secundario en una situación de encierro, donde la posibilidad de que enfermedades curables se conviertan en mortales, es real.

La carencia de medicamentos es una constante, “lo único que nunca faltan son los psicofármacos”, dice Adriana. Estos hechos no se producen por casualidad o simple desidia profesional: “hay decisiones institucionales que, por acción u omisión, los integran como forma de gobierno de la cárcel”, explican desde la Comisión Provincial de la Memoria.

En el caso particular de las mujeres, hay una falta de controles médicos para las embarazadas, es casi nula la información sobre sus causas judiciales, y la espera es tortuosa para las madres que tienen hijxs menores de 5 años, a quienes les corresponde el derecho de la prisión domiciliaria. Estas son algunas de las tantas características que evidencian una situación estructural de violación de derechos humanos de las personas en situación de encierro.

Escuchá la entrevista:

“Se busca destruir a las personas”

En diálogo con Entre Mate y Mate, se hizo hincapié en la sobrepoblación carcelaria y el discurso mediático instalado que criminaliza aún más a aquellas vidas encerradas: “por los medios de difusión se inculca que entran por una puerta y salen por la otra, estamos viendo que los que salen, salen muertos. Si saldrían en poco tiempo las cárceles no estarían super pobladas”, manifiesta Adriana y asegura que las unidades penitenciarias de la provincia de Córdoba son las más pobladas del país y el mundo.

Otro aspecto que incrementa esta situación de abusos, es que son los familiares y personas cercanas quienes garantizan algún tipo de alimentación y artículos de higiene y limpieza. “El Estado no está manteniendo. No sabemos a dónde va a parar el presupuesto del Servicio Penitenciario”, explica. Al mismo tiempo, la familia sufre una condena mediante las violentas requisas, o las largas esperas para ingresar en medio del frío o el calor extremo. “A pesar de que se ha derogado la requisa vejatoria, recibimos permanentemente denuncias de que los han hecho desnudarse para poder acceder al establecimiento carcelario.”

Por otra parte, el régimen de visitas es bastante restrictivo. Según Revol, la visita que no sea de un familiar directo está prohibida, salvo que la persona haya pasado entre seis meses o un año, sin haber recibido a nadie, algo que también está condicionado por la arbitrariedad de quien esté a cargo. Este tipo de situaciones refuerzan aún más el aislamiento,  en un claro objetivo de “destruir a las personas”.

La población carcelaria está integrada mayoritariamente por las clases más bajas de la sociedad, evidenciando de esta manera, para quiénes están construidas las cárceles. Desde Entre Mate y Mate se dialogó en relación a la responsabilidad directa que recae en el Poder Judicial, que conlleva a que la mayoría de las personas privadas de su libertad no tengan una condena firme.

“Los que están encerrados son de la misma clase, lo más pobres y vulnerables. Los delitos de la clase alta siempre quedan impunes: el que te afana hasta las esperanzas de un futuro, ni está enjuiciado, ni nunca va a parar a la cárcel”, concluyó.

Frente al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

Durante la mañana del miércoles, familiares y amigos de víctimas de tortura y asesinatos, junto a distintas organizaciones sociales, universitarias y de derechos humanos se hicieron presentes en la puerta del Ministerio de Justicia, con la consigna: Derechos Humanos en las cárceles Ya! Se hizo entrega de un petitorio firmado por catorce organizaciones, cuyas demandas centrales y urgentes fueron una buena alimentación, la atención de la salud, educación y el derecho a la prisión domiciliaria mientras no estén condenados, algo que evitaría el hacinamiento que detona la mayor violencia interna ante las malas condiciones en las que se sobrevive dentro del penal.

Silvia Manzur, es docente y activista del movimiento anticarcelario, destacó que la ministra de Justicia -Laura Echenique- no estaba en el lugar de sus funciones, ni llegó en toda la mañana, por lo que el petitorio fue entregado por mesa de entradas. “Esto tiene que ver con el ninguneo a quienes queremos mínimamente que se respeten estos derechos básicos. Es el ninguneo a quienes no tienen nada que perder. Esto es una política del Estado”.

 Explicó como el tema de la salud está a cargo de Seguridad, por lo que una de las demandas es que la asistencia médica sea garantizada por el Ministerio de Salud, “lo que haría más transparente los procedimientos en función de qué tipo de tratamiento reciben”.

La extrema situación de las cárceles en Córdoba fue relevada -luego de varias visitas- por la Comisión Interamericana por los Derechos Humanos. El 4 de abril dio curso a una medida cautelar que pide se obligue al Estado Argentino a hacer cumplir los derechos que se vulneran en las cárceles de Córdoba. “A pesar de esto, es mucho más fuerte la decisión del gobierno de Schiaretti de tener oprimidos y reprimidos a quienes están en contextos de encierro”, dice Silvia.

Durante la próxima semana continuarán con nuevas acciones para visibilizar públicamente que esta vulneración a los derechos básicos, no es violencia institucional, ni son casos aislados, sino que es parte de una política sistemática del Estado, “de reprimir, encerrar, esconder y hacinar a quienes no tienen nada que perder”.