Derechos HumanosDestacadosEn la región

“Pensé que nos iban a matar a todos”

Con la declaración de 27 testigos, concluyó la primera semana de audiencias por el homicidio de Joaquín Paredes -ocurrido el 25 de octubre de 2020 en Paso Viejo- que tiene como imputados a seis policías. Las voces de los jóvenes en un escenario judicial que demuestra el adultocentrismo, la estigmatización y la vulneración de derechos como vectores del proceder de la justicia.

En la sala de audiencias de la Cámara Criminal y Correccional de Cruz del Eje, es el turno de Maciel Marcos Heredia, es el testigo número 14. Hace un año y medio vive con toda su familia en Villa de Soto. Tuvieron que dejar Paso Viejo por la persecución y las amenazas que recibían por parte de la policía local y que siguen sufriendo en Soto. Tenía 14 años cuando mataron a su amigo, Joaquín Paredes.

Dice conocer a los policías imputados. Está nervioso, incómodo. Volver a recordar esa noche le hace mal. Lo rodean jueces, abogados, el jurado y los policías que dispararon. Los imputados salen de la sala.

Foto: Gabriela Taborda Varela

Y una vez más, como cada uno de los jóvenes que declara, repasa los hechos. Sabe quiénes dispararon. Que iban a saludar al “Caña”, Mariano Alejo Torres, por su cumpleaños, que era de madrugada, que estaban en el terreno cerca del dispensario, que llega la policía “haciéndose los malos” y que los encierran con los móviles. Explica cómo les piden que bajen la escopeta, que había menores, hasta que suena el primer tiro que despertó a Paso Viejo y el aire se llenó de ruido:

–Váyanse, sino va haber fuego –dijo uno de los policías y suenan dos tiros más.

Corren juntos con Joaquín y otro amigo. “Pensé que le había dado un calambre porque cae, lo di vuelta y no podía respirar”, dice.  Lo piensa descompuesto, lo llama con su apodo:

– Cabu, Cabu, qué te pasa –y no responde.

Lo recuerda boca abajo, con sangre en la espalda. Van al dispensario y no los atienden. Van a la comisaria, pero no estaban: “queríamos pedir ayuda y nos tiraban tiros de nuevo”.

El abogado de la querella, Claudio Orosz, le pide que ubique los hechos en el plano del pueblo que hay en la sala de audiencias. Lo intenta. Se apaga. Se retuerce entre su recuerdo. “No puedo”. Marcos Heredia, su papá, lo está viendo por un televisor en la Sala Espejo, donde están los familiares y la prensa. Hace unos minutos declaró él. Escucha que lo llaman desde la pantalla y se va a abrazar a su hijo.

–Esto logran los policías –les dice en el recinto. El juez le pide que haga silencio.

Foto: Juan Mazzeo

********

“En nombre del debido proceso de un juicio, se están avasallando en principio el derecho a ser oído en un ámbito especializado a las adolescencias e infancias”, dice Luciana Kuperman, integrante del espacio de infancias y adolescencias del Movimiento Campesino de Córdoba, y da cuenta de los marcos normativos que existen en nuestro país que hablan de un proceso judicial especializado cuando aparecen personas menores de edad. “Muchos de los chicos víctimas, testigos de este juicio, eran menores de edad al momento en que mataron a su amigo. Desde ahí todas las vulneraciones que vienen, porque son tratados como personas adultas, desde una mirada clasista y racista”.

Después de lo que sucedió con Joaquín, comenzaron  a juntarse semanalmente con los y las jóvenes. Estaban tristes, desahuciados con el mundo adulto. “Joaquín no fue el gatillo fácil que dispara por la espalada a un adolescente, fue un montón de adolescentes pidiendo ayuda a las instituciones del Estado, para que su amigo no se muera”, enfatiza Luciana y hace referencia en cómo las instituciones locales les dieron la espalda a los jóvenes que pedían auxilio, en lo complejo de crecer en una comunidad donde mataron a su amigo y no hizo nada para socorrerlo.

Luciana explica como el acompañamiento de estos años tiene que ver con construir dispositivos que alojen y contengan a las adolescencias. Muchas veces son juegos, expresiones artísticas y salidas. Ahora en Paso Viejo, se armó un espacio de jóvenes que funciona cada quince días.

Los primeros encuentros fueron en el polideportivo porque todavía era fuerte estar cerca del lugar de los hechos, pero hace un tiempo que comenzaron a reunirse en un salón al lado de la radio, cerca del terreno del dispensario. “Nos encontramos en esas complejidades que tiene el pueblo, en chicos que no están de acuerdo en hablar de Joaquín, los incomoda, porque su papá o su hermano es policía”, agrega Luciana.

A partir de este espacio se le demandó a la comuna que se ajuste a la ley y se creó un área designada para las infancias y adolescencias. “Como un Concejo de Niñez, de redes de adultos en el sistema de protección de derechos”, dice Luciana y explica que  participan distintos actores del sistema: de la escuela, la salud, la comuna, integrantes de la secretaría de Derechos Humanos de provincia y nación, de merenderos y del Movimiento Campesino.

“Pensamos que esos espacios tienen que promoverse en todo el corredor del noroeste de Córdoba. Comenzamos en Tuclame, en la Higuera, y venimos haciendo encuentros regionales de adolescentes del noroeste con la escuela campesina del Quicho, un centro de Estudiantes de Serrezuela, de Villa de Soto, La Higuera y Cruz del Eje”.

Son entre cincuenta y setenta lxs jóvenes que participan en instancias que les permiten trabajar en claves para cuidarse, pensarse en sus territorios y en relación con lxs adultxs. En medio del proceso judicial, hoy el escenario de la justicia es un claro ejemplo de cómo los actores judiciales hablan a esas juventudes desde otro lugar, incluso desde otro canal lingüístico que incide en la revictimización constante a la que se ven expuestos. “Tiene que ver con las desigualdades del mundo y el sistema en que vivimos, sus modos de vida, sus oportunidades de vida, sus modos de encontrarse con un mundo abierto y diverso. Muchos viven y trabajan ahí y no conocen Córdoba, la ciudad y la anhelan. Hay un desconocimiento desde donde habla el que está hablando y un poco de falta de contemplación de su sufrimiento”, dice Luciana.

Foto: Juan Mazzeo

********

La fiscal, Fabiana Pochettino, sostiene que el hecho estuvo premeditado. En el grupo de WhatsApp de la policía se habían propuesto salir a «cazar saros», que significa “los sospechosos, los negros”, en la jerga arbitraria de la policía. Que esa noche los jóvenes discutieron con los policías por la ostentación de las armas y algún policía habría dicho: “váyanse o los quemo”.

Mientras que los abogados de la defensa insisten en “enfrentamientos” y en encontrar el potencial de peligro de los jóvenes que después de los tiros y ver muerto a su amigo, se cargaron de piedras.  “Estos jóvenes, que se presentan como angelitos, incumplían la orden de restricción por el Covid”, dicen. Por su parte, los policías imputados que declararon insisten en que “parecía una guerra” o “temían por su vida”, como dijo Iván Luna.

Desde las voces de los pibes también se insiste: “fuimos a la comisaria y rompimos de la bronca que teníamos”. Es en esa falaz tensión en que la defensa intenta demostrar la peligrosidad de los jóvenes, hacer uso de las estigmatizaciones y las connotaciones de clase, en una supuesta guerra de piedras contra 112 balas 9 mm, violando procedimientos y protocolos de actuación policial: «No se debe usar el arma de fuego si hay espacio para replegar», explica en su declaración, Carlos Ángel Hernández, comisario inspector, licenciado en seguridad, y docente de defensa personal policial en la Escuela de Cadetes.

 “Los testigos se hacen las víctimas”, dice uno de los abogados defensores -Alberto Videla- después de que Jorge Navarro tenga que dejar la sala de audiencias en medio de su testimonio por las formas de hostigamiento con las que se dirigió a él. La madrugada del hecho a Jorge Navarro un disparo le rosó el pie y perdió el conocimiento: “tengo que salir adelante para que se haga justica por Joaquín. Nos ayudan los psicólogos”.  

La noche del 25 de octubre las balas silbaban, cortaban los gajos de los árboles, rebotaban en las chapas, se incrustaban en los árboles. Una lluvia de plomo que venía de todos lados. “Fueron a matarnos”, dice Leonel Heredia, amigo de Joaquín.  “Tenía mucho miedo, pensé que nos iban a matar a todos. No le deseo a nadie esa noche”.

Foto: Juan Mazzeo

********

“La bala que mata a Joaquín está cargada de todo un proceso de hostigamiento previo. Como el femicida que mata a una mujer, está cargada de un montón de estereotipos de género, acá hay un montón de estigmatizaciones de las adolescencias. Son crímenes de  odio”, explica Luciana.

El relato que cargó a esas balas estuvo lleno de estereotipos: son los pibes de los bordes de Paso Viejo. Son los que trabajan en la papa y la cebolla. “Son los restos, los que quedaron fuera de un porvenir que tenga que ver con un laburo”.

Desde que empezó el juicio, el pueblo está silenciado. Como una forma de transitar el conflicto. Indiferencia. Hasta vergüenza. “Se juega mucho el no te metás, algo habrá hecho, este pueblo era tranquilo hasta que estos niños hicieron lo que hicieron”, expresa Luciana y agrega que en el noroeste se les dice niños a los adolescentes, “es una posición que no contempla la autonomía progresiva. Una mirada de niño también desmerecedora, del que no puede decidir y hace cosas sin pensar. Hay mucho adultocentrismo acá, como una asimetría de poder que arrasa a las adolescencias y niñeces”.

Cuando piensa en cómo estas juventudes se sienten en el espacio público del pueblo, Luciana cree que ganó el hostigamiento. Disminuyeron las juntadas, hay miedo y muchos se fueron, “porque no soportaban el dolor de la ausencia de un amigo, otros se pusieron mal, con situaciones de riesgos para ellos”.

********

En las escaleras de los tribunales de Cruz del Eje, de espalada a la calle, aparecen uniformados. Están por salir los imputados: Mikael Mercedes López/ Iván Alexis Luna/ Enzo Alvarado/ Jorge Luis Gómez/ Ronald Fernández Aliendro/ Alberto Sosa Gallardo y los seis abogados defensores.

De azul: policías y miembros de infantería. De rojo: integrantes del DUAR -Unidades de Alto Riesgo de la policía de Córdoba. Hacen un cordón. Un semi círculo que representa protección. Una demostración que intenta aparentar una fuerza hermética. Un cabal ejemplo de la maquinaria de un poder que se presume total.

A un costado, debajo de los aguaribays, la familia se despide con el dolor cotidiano.  

Es viernes, la última audiencia de la semana. Olga Tallaprieta, la mamá de Jorge Reyna, asesinado en la comisaría de Capilla del Monte en el 2013, se abraza con Soledad Paredes, la mamá de Joaquín. Se sacan una foto. Un montón de jóvenes guardan imágenes, banderas, palabras. Regresan al pueblo, ahora quedan menos preguntas, dejan atrás algo del dolor, y se encuentran en la promesa que los salva.

Foto: Juan Mazzeo

Más información:

Facebook: Justicia por Joaquín

Te puede interesar:

Publicaciones relacionadas

Botón volver arriba