El polémico Sistema Integrado de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana, la nueva ley de Llaryora

por Redacción La tinta

En el territorio cordobés del 76%, el primer cacerolazo contra el DNU de Javier Milei trajo las primeras detenciones en la reciente estrenada gestión del intendente Daniel Passerini y Martín Llaryora. A una década del acuartelamiento policial y los saqueos en Córdoba, y a 22 años de aquel diciembre fatídico a nivel nacional, otra vez, el fin de año nos alcanza con represión. Y a un día de la aprobación de esta nueva ley de seguridad, la policía y la guardia de Infantería cordobesista -en consonancia con lo indicado por el gobierno nacional de Javier Milei y su ministra de seguridad Patricia Bullrich- violenta sin sentido en una manifestación tan legítima como tranquila, donde la ciudadanía se expresaba contra el mega decreto anunciado el miércoles.

Anoche detuvieron a cinco personas, ahora imputadas por delitos de obstrucción al transporte público, resistencia a la autoridad, y a uno de ellos, lesiones leves contra un efectivo policial. El periodista Andy Ferreyra suma un dato para recordar: el actual y recién nombrado ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, hace 11 años reprochaba la represión policial. Ahora, la Policía que tiene a su cargo accionó de manera similar y hoy asumen nuevos jefes.

La Ley N° 10954 de Seguridad pública y seguridad ciudadana de la provincia de Córdoba fue aprobada a las apuradas, en una sesión con mucha tensión y con resistencia de la oposición. Según el portal oficial “establece el marco jurídico para la implementación de un nuevo modelo que agilizará la lucha contra la inseguridad y el narcotráfico”.

La ley introduce, entre otras novedades, al sistema de seguridad provincial:

1. La creación de las Guardias Locales de Prevención y Convivencia, como auxiliares de la Policía. 
2. El uso de armas no letales.
3. La creación del Instituto de Planificación y Formación para la Seguridad y Convivencia, que entre sus funciones propondrá programas de capacitación de los integrantes de las distintas fuerzas.
4. La incorporación del personal de las prestadoras de servicios de seguridad.
5. La vinculación de las cámaras de seguridad privadas con el centro de monitoreo de la Policía de la Provincia.
6. La estimulación del plan de desarme, con incentivos para la entrega de armas en posesión de civiles.
7. La obligatoriedad de un narcotest para cargos electos y funcionarios públicos.
8. La duplicación de las fiscalías antinarcóticos en todo el territorio provincial; y la creación de 12 nuevas fiscalías criminales.

Armas menos letales y privatización de la seguridad, ¿qué hay detrás de esto?

Según esta nueva legislación, el Estado provincial crea las Guardias Locales de Prevención y Convivencia, como auxiliares de la Policía, delegadas a los municipios, incorporando prestadoras de seguridad privada, a la vez que les habilita el uso de las armas menos letales. 

En agosto, la Policía de Córdoba comenzó a utilizar pistolas y fusiles que disparan cápsulas de gas pimienta. Presentadas por las autoridades como «armas no letales», se trata de pistolas que disparan hasta a 20 metros de distancia y deben ser disparadas contra la pared o el suelo, no contra las personas.

En ese momento, en diálogo con La tinta, Valeria Plaza, abogada, doctora en Ciencias Sociales e investigadora de CONICET explicaba en una nota que llamarlas “armas no letales” está mal: “Son armas con menor capacidad de letalidad que las armas de fuego, pero efectivamente pueden provocarla y, por lo tanto, hace falta una preparación y una articulación estatal para poder implementarlas en los casos en que sea absolutamente necesario. No es complementar las armas letales con las no letales”. Hace una semana el gobernador, junto al intendente de Río Cuarto, Juan Manuel Llamosas, entregaron 200 armas no letales destinadas a la Policía del departamento.

Respecto de las guardias locales municipales, la provincia puede darles armas y autos, pero no salarios, por lo que los salarios deberían corren por cuenta de los municipios. Según establece la nueva ley en su Artículo 19, “cada Guardia Local de Prevención y Convivencia tiene como misión contribuir al desarrollo del capital social de cada municipio o comuna, colaborando en el marco de sus funciones en la prevención de violencias, contravenciones y delitos como auxiliar de la Policía de la provincia de Córdoba”.

En el marco de las autonomías otorgadas por la Constitución provincial, los municipios o comunas pueden adherir y constituir sus respectivas Guardias Locales de Prevención y Convivencia, las que tienen entre sus funciones, según lo estipulado en el art. 20: “Disuadir, prevenir y hacer cesar la comisión de todo tipo de faltas, infracciones o contravenciones provinciales, municipales o comunales, en el marco de sus competencias materiales y territoriales; Auxiliar a la Policía de la provincia de Córdoba en la disuasión y prevención de todo tipo de violencias, contravenciones y delitos; Coadyuvar al mantenimiento del orden público y la tranquilidad entre los vecinos de los respectivos municipios o comunas; Colaborar en la detección temprana de conflictos entre vecinos y en su resolución pacífica; Auxiliar a los organismos competentes en la gestión de riesgo climático, catástrofes y protección civil; Prestar ayuda y socorro a todos los vecinos y visitantes de la localidad, y Labrar actas de infracción, realizar clausuras, secuestros y decomisos, siguiendo los procedimientos, establecidos por los Tribunales de Faltas competentes en la materia y el territorio agentes locales como auxiliares de la Policía de Córdoba y en el marco de estrategias comunitarias de aproximación a los vecinos”, detalla el nuevo sistema. 

¿Quiénes pueden ser guardias y cómo se capacitan? Si ya se decía en esa nota de agosto que la impericia policial quedaba al descubierto, que la policía no está preparada para actuar, es clave pensar cómo van a capacitar y a quiénes. Según el Artículo 28, los programas de formación de los integrantes de las empresas prestadoras de servicios de seguridad privada serán propuestos, controlados y evaluados por el Instituto de Planificación y Formación para la Seguridad y Convivencia, creado en esta misma ley y que no depende del Ministerio. Según Brenda Austin, legisladora por la UCR, “pueden elaborar los programas de capacitación, pero no los dicta, son las empresas privadas o los municipios contratando fundaciones o asociaciones. Tercerizan completamente la capacitación de estas nuevas fuerzas paraestatales «que van a portar armas menos letales”.

Como detalla en un tuit, a la preocupación que implica que los privados porten arman menos letales, se suma el dato de que el personal de seguridad privado tiene un gremio, SUVICO -Sindicato Único de Vigilancia y Seguridad Comercial, Industrial e Investigaciones Privadas de Córdoba-, cuyo titular es Gustavo Pedrocca, concejal de Hacemos por Córdoba en mandato 2019/2023.

*Por Redacción La tinta / Imagen de portada: Fernando Bordón para La tinta.