A 48 años del Golpe: entre el negacionismo y la militarización como alternativa a la violencia

A pocos días de cumplirse un nuevo aniversario de la dictadura más oscura de nuestro país, desde el gobierno se ostentan discursos negacionistas, guiños a ex militares presos y gestos políticos con sus familiares, hasta la tortura y la violación a una integrante de la Agrupación H.I.J.O.S, cuyos perpetradores dejaron en la pared la sigla “VLLC: Viva la libertad carajo». La indignación y tristeza se hizo extensiva ante este hecho tan aberrante que genera un escenario “ejemplificador” para quienes piensan distinto, y proyecta los sentidos que intentan hegemonizar y quebrar aquel pacto democrático que volvió a fundar a nuestro país en 1983.

En medio de una crisis profunda en todos los niveles, desde la cartera de Seguridad los anuncios tienen como respuesta la militarización y el control de la sociedad. A 48 años del Golpe, ¿cuáles son las formas de la violencia que toma el Estado?

“Las fuerzas estaban muy desorientadas respecto al uso de su armamento”, dijo la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich en una conferencia de prensa y de esta manera, anunció un reglamento general para el uso de armas de fuego cuando exista “un peligro inminente”.

Esta normativa, que fue puesta en vigencia hace un mes para la Prefectura Naval, es el Reglamento general para el empleo de armas de fuego por parte de las fuerzas federales de seguridad, habilitado por Patricia Bullrich cuando en el 2018 cumplía la misma función en el gobierno de Mauricio Macri. Dicho protocolo había sido derogado durante la gestión de la ex ministra de Seguridad, Sabina Frederic, en el gobierno de Alberto Fernández.

A partir de ahora, los agentes federales podrán abrir fuego: “en defensa propia o de otras personas, cuando hubiere peligro inminente de muerte o de lesiones graves”; “para impedir la comisión de un delito particularmente grave, que presente peligro inminente para la vida o la integridad física de las personas o ponga en peligro, la vida de otras personas”; “para proceder a la detención de quien represente ese peligro inminente y oponga resistencia a la autoridad, o para ayudar a efectuarla”.

Otra de las condiciones para disparar es impedir la fuga de quien “represente peligro inminente para la vida o la integridad física de las personas”, y en los establecimientos de detención para mantener la seguridad y el orden, cuando “corra peligro la vida de las personas que se encontraren bajo custodia, detenidas o de quienes tengan a su cargo su seguridad”.

En diálogo con CDM Noticias, María del Carmen Verdú, abogada de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), explicó que este protocolo “habilita a disparar por la espalda, a personas desarmadas, por mera sospecha, sin dar la voz en alto ni esperar que haya una situación de riesgo. Y garantiza completa impunidad, sin actuaciones siquiera administrativas”. Desde CORREPI explicaron, además, que con esta resolución vigente, la enorme mayoría de los casos de gatillo fácil en los que se ha conseguido una condena hubiesen quedado impunes.

Según el reglamento los agentes «deberán siempre identificarse como tales, dando la voz de alta». Sin embargo, la Ministra planteó que habrá excepciones: «Hay momentos en que si el agente se da a conocer pone en riesgo su vida o la de terceros. Y ese agente está rodeado por un grupo de narcotraficantes, de asesinos, criminales, y da la voz de alto, puede dar a conocer su posición y los delincuentes saben de dónde sale la voz de alto y matan al agente”. De esta manera, Patricia Bullrich, explicaba la arbitrariedad habilitada para el uso de armas de fuego, incluyendo entre las excepciones la existencia de una “desventaja numérica o táctica”.

Unos días más tarde, en su paso por tierras cordobesas, en medio de la escalada de violencia narco en Rosario, el anuncio de la Ministra fue la creación de un Grupo de Operación Conjunto (GOC) para combatir el narcotráfico. Este grupo de elite policial se capacitaría en nuestro país y en Estados Unidos, a través del convenio firmado con la DEA (Administración de Control de Drogas).

(Si te interesa, en la siguiente nota de Enfant Terrible, se profundizan la relación sobre las Fuerzas de Seguridad de Argentina y de Estados Unidos: Bullrich y Quinteros anunciaron una fuerza especial que se capacitará con la DEA norteamericana)

Toda una serie de medidas que impactan en el imaginario social cotidiano. La grave situación que atraviesa Rosario extiende las medidas de seguridad al resto de las provincias. La guerra contra el narco ha profundizado las políticas de control norteamericano, por ejemplo, en toda Centro América, área de biodiversidad por excelencia. En esta región y otros países latinoamericanos como Colombia, el proceso de militarización coincide con el discurso interno de seguridad de la guerra contra las drogas, donde el enfoque militarista para combatir al narcotráfico no ha funcionado, y ha sido un pretexto para fortalecer cuerpos policiales al resguardo del ‘orden’, que apuntan al control de la protesta social y las disidencias políticas.

Más enemigos para la Nación  

Aunque suene anacrónico, la utilización estatal del anticomunismo ha servido, en todo el siglo XX, para el despliegue de instituciones punitivas del Estado. La obsesión del presidente Javier Milei con el comunismo, no es más que la construcción histórica de un enemigo genérico para gobernar. La capacidad del anticomunismo policial en nuestro país ha atravesado fronteras ideológicas entre los distintos gobiernos de turno.

Hace 48 años, el gobierno militar continuó sosteniendo aquella convicción ideológica que impregnó al país con la retórica de la Guerra Fría y precisamente habilitó a pensar ese anticomunismo como una variable que entramaba distintas geografías. Hoy, el presidente Javier Milei juega con este discurso para posicionarse en el mundo, y seguir construyendo y reproduciendo imaginarios condenatorios hacia las disidencias políticas y organizaciones sociales. El anticomunismo ha sido una polaridad ideológica que ha operado como base de las agendas políticas y propuestas de acción.

La Ministra de Seguridad categoriza y habla del “narcoterrorismo”. La solución, anacrónica también, es el adoctrinamiento de policías argentinos, tal siglo pasado, en la DEA de Estados Unidos. Las  prácticas de control han demostrado ser la respuesta sistemática de las políticas de los gobiernos de turno al problema delictivo. Lo que está claro es que la policialización/militarización de los territorios, hace tiempo viene expandiendo su tejido intervencionista, como parte también de la propia lógica de acumulación capitalista.

Este reglamento de seguridad implica la arbitrariedad de un Estado que construye una legalidad represiva: al mismo tiempo que proclama una normativa, garantiza las condiciones de la represión física. La violencia institucionalizada cumple aquí su rol dentro de un Estado que mantiene sus funciones de control social y represión, como una continuidad histórica y constitutiva del mismo. Las lógicas excepcionales y autoritarias, que caracterizaron al siglo XX, hoy continúan siendo prácticas permanentes de los gobiernos, amparadas -paradójicamente- en el sostenimiento del orden constitucional de la democracia representativa. Estas lógicas persisten bajo la construcción de nuevos y ya viejos enemigos internos, regidos por el imperio del derecho moderno que conjuga la legalidad con la coerción como base del castigo.

La libertad del mercado requiere inevitablemente de la ampliación de la violencia estatal, y las políticas represivas del Estado necesitan de la construcción de un enemigo. La figura del narco terrorista se instala como un sujeto que permea todos los estratos de la sociedad y se le declara una guerra total. Al totalizar al enemigo, las medidas del Estado también deben totalizarse para poder cumplir con la misión de protección.

Así, los procesos de militarización coinciden con el discurso interno de seguridad de la guerra contra las drogas y la delincuencia de lxs jóvenes. La respuesta es la represión. Nadie investiga en profundidad el lavado de dinero, lo que pasa en el puerto de Rosario o los vínculos de la política con este gran negocio.

Desde este paradigma, que asocia -principalmente- al narcotráfico, el gobierno de Milei, continúa atribuyendo nuevas facultades a las Fuerzas Armadas y de Seguridad, para intervenir, en problemas de la seguridad interior. La resolución del nuevo reglamento de armas, otorga más discrecionalidad a su intervención y, como explican desde el  Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), “busca evitar los controles judiciales en los casos de uso de la fuerza letal”.

Las que lo dieron todo

Este 24 de marzo, el camino de un movimiento incansable como el de las Madres que nunca bajaron los brazos en la búsqueda de sus hijxs y nietxs, continúa siendo un faro, en medio del doloroso retroceso en derechos humanos que la sociedad argentina está viviendo.

Desde las voces que susurran entre pañuelos blancos, se escucha que es tiempo de redoblar la memoria, que ese otro mundo es posible junto a otras y otros.

A pesar de los malos gobiernos que intentan con decretos y alianzas foráneas profundizar un sistema de opresión e injusticia, Madres y Abuelas seguirán siendo el legado de la búsqueda y la resistencia por la verdad; seguirán construyendo los lazos colectivos que intentan dañarse una vez más, seguirán siendo el abrazo conjunto entre las luchas de todos los tiempos y la memoria que sigue vigente.  

*Fotos Euge Marengo

*En Capilla del Monte, la concentración y movilización está convocada desde la Multisectorial a las 18hs. en el Jardín de la Memoria de la Plaza San Martín.