Cuestionan la falta de perspectiva ambiental y profundización del modelo extractivo, entre otros aspectos.
El gobierno nacional publicó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 556/21 que crea el Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable del río Paraná. Se trata de un organismo autárquico y descentralizado, que funcionará en el ámbito del Ministerio de Transporte. Desde Entre Ríos y Santa Fe, la Fundación Cauce y la organización Taller Ecologista cuestionaron la medida. En su crítica destacan la creación por DNU, la ausencia de la participación ciudadana, denuncian que los ecosistemas fluviales continúen “sin protección” y afirman que el decreto profundiza “el modelo extractivista y su mega infraestructura asociada, sin considerar las consecuencias ambientales y territoriales que genera”. Por su parte, Abogadas y Abogados Ambientalistas señalaron la “desambientalización” para referir a la decisión del gobierno nacional.
La decreto del Gobierno, emitido el 24 de agosto, establece que la dirección del Ente estará a cargo de un Consejo Directivo integrado por las provincias de Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Misiones y Santa Fe; y por los ministerios del Interior, de Transporte y de Desarrollo Productivo.
Luego de publicado el decreto, el ministerio de Transporte sostuvo, a través de un comunicado que con «la creación del nuevo Ente Nacional se lograrán objetivos como reducir los costos por tonelada transportada, utilizando la vía navegable a toda hora durante todo el año, aumentando la seguridad de la navegación, planificar y desarrollar actividades con menor incertidumbre y promover las inversiones y el desarrollo de emprendimientos alrededor del río Paraná y del Río de la Plata». Este planteo evidencia el espíritu del nuevo organismo, ligado principalmente al uso del cauce fluvial con fines comerciales.
Una medida sin perspectiva ambiental
La Fundación Cauce y la organización Taller Ecologista alertaron sobre las implicancias de la creación del organismo. En primer lugar, manifestaron su desacuerdo con la decisión tomada a través de un decreto. “No advertimos circunstancia alguna que permita al Presidente emitir una disposición de este tipo que, claramente, tiene neto corte legislativo”, valoraron. “Son las y los legisladores quienes tienen el poder otorgado por el Pueblo de la Nación argentina para debatir y regular normativamente este tipo de situaciones y necesidades; más aún cuando se trata de un asunto de tanta relevancia como es el control y gestión de esta vía navegable”, agregan.
Critican que “la participación se ciñe directamente a los actores interesados en el tráfico fluvial, en su ampliación, en su mayor desarrollo y no existe lugar para la participación ciudadana, es decir, para que la ciudadanía interesada y, en particular las comunidades afectadas por esa infraestructura intervengan en las decisiones sobre sus territorios”. Las normas que habilitan la participación ciudadana, existentes en nuestro país, se vieron reforzadas con la entrada en vigencia del Acuerdo de Escazú, aprobado por Ley del Congreso de la Nación en noviembre de 2020.
Otro punto señalado por las organizaciones es la ausencia del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en el Consejo Directivo. Esto implica -aducen- “un claro déficit en materia de cumplimiento de la normativa ambiental”, en la regulación, control, convocatoria a licitaciones y realización de concesiones.
Además, las organizaciones advierten que se han desoído los debates, reflexiones y peticiones realizadas desde la sociedad civil, reclamando un cambio de modelo productivo y un cambio de gestión de las vías fluviales y el transporte en el país. Argumentan que “las propuestas presentadas por organizaciones socioambientales ante el Consejo Federal de la Hidrovía no fueron consideradas”. Sobre este punto, ponen la lupa en el considerando del decreto que crea el Ente: “Resulta necesaria la implementación de instrumentos que aseguren la ejecución de las obras, modernizaciones y ampliaciones que atiendan las necesidades del tráfico fluvial actual y su posible incremento y el adecuado mantenimiento y conservación de los canales fluviales existentes”.
En este sentido, aseguran: “La situación, conforme se puede advertir en el texto de este Decreto, continuará del mismo modo que en los últimos 25 años; sólo que ahora se contará con un organismo para controlar la profundización del modelo extractivista actualmente vigente y su mega infraestructura asociada, sin considerar una vez más las consecuencias ambientales y territoriales que genera”.
Seguir leyendo en La Tinta
