La afirmación, proveniente de un comunicado público de las comunidades originarias y la Asamblea y citada en Radio Garabato, se dio en el marco de la discusión sobre el avance de obras en la zona de la Plaza Cacique Tulián. Responsabilizan al estado local por no haber procedido de acuerdo a las normativas sobre las reservas arqueológicas y rechazan la incitación a la confrontación social por parte del Intendente que tildó de «Vagos y recién llegados a los responsables de la denuncia»
Comunicado publicado en Radio Garabato
En un comunicado público, las comunidades originarias y la Asamblea que realizaron la denuncia judicial que paralizó las obras de ampliación de veredas se refirieron por primera vez al conflicto desde la notificación judicial del sábado último. En la nota (“Comunicado sobre la grave situación que atraviesa San Marcos Sierras”), se informa con detalle sobre la decisión judicial que frenó la obra: “La suspensión por orden del Juez Federal Bustos Fierro (…) se debe a irregularidades constatadas por dicho magistrado en relación a aspectos legales de las obras en cuestión”. Además, aclara que la obra se realiza dentro de la Reserva Arqueológica Quilpo (en la Plaza, antiguo Cementerio indígena) por lo que cualquier “excavación o movimiento de suelos en ella debe requerir de Informe de Impacto Cultural para su ejecución”.
De esta manera, mientras hoy en horas de la mañana, personal de Derechos Humanos de la provincia se reunía con la Comunidad Tay Pichin, se conoce el porqué de la denuncia y de la decisión del Juez Bustos Fierro: “El día 10 de mayo del corriente, el Municipio de San Marcos Sierras consultó al Área de Patrimonio Cultural de la Provincia sobre los requisitos formales a cumplimentar, previo a la ejecución de las obras (…) y se le habría informado la obligatoriedad de realizar el informe de impacto cultural para su evaluación y eventualmente su aprobación. No obstante dicha notificación, la obra comenzó siete (7) días después”, precisa el comunicado. Ante esas irregularidades, el juez decidió “paralizar preventivamente la obra pública mencionada, mientras se lleva a cabo la investigación de los hechos acaecidos, su tipificación y la responsabilidad de las personas involucradas”.
El planteo que evaluó la justicia ya había sido hecho por nota en el Concejo deliberante, antes de llegar a la justicia: con la respuesta por parte del oficialismo de que todo estaba en regla y que “la única obra que requiere estudio de Impacto cultural es la del gas, que aún no se está haciendo”, como aseguró el intendente a principios de junio en el Concejo deliberante…
La Comunidad Originaria Tay Pichín, la Asamblea Ambiental por el Monte de San Marcos Sierras y FUNAM volvieron a criticar en la nota “la derogación del espacio de instancia de participación ciudadana comprendido dentro de la Ord 775” y su reemplazo por la nueva ordenanza de planeamiento 976/2021), a la que tildan e inconstitucional. De esta forma, argumentan que el derogado Consejo de Ordenamiento Territorial “hubiera sido la herramienta adecuada para consensuar esta obra y controlar que se cumplieran la normativas vigentes”. Resaltan además que las irregularidades en la obra y la falta de consenso “imprescindible” es lo que generó el cese de actividades de los trabajadores, y no la denuncia en sí misma. “En la decisión política de eliminar estos derechos, esta gestión ha contrariado las leyes”, agrega.
“El consenso es imprescindible. Las instancias de participación ciudadana (…) son derechos adquiridos, no pueden ser derogados ni eliminados, las leyes no pueden quitar derechos, no pueden ser regresivas”, precisa el comunicado.
La nota pública anuncia además que la Comunidad Indígena Tulián se sumó al reclamo judicial y es parte del mismo: “para que se contemple la aplicación del derecho específico que asiste a las comunidades indígenas del país”.
Rechazo de la Incitación a la confrontación social
Tras las declaraciones públicas del intendente Briguera el domingo, que descalificó el reclamo y tildó de “vagos y recién llegados a los responsables de la denuncia”, gente que solo “quiere poner palos en la rueda, que no trabaja y a la que le mandan plata todos los meses”, el repudio en las redes sociales de San Marcos se hizo sentir. El comunicado en cuestión, por su parte, también expresó su preocupación “sobre las conductas que incitan a la confrontación dentro de la comunidad por parte de funcionarios del gobierno, dado que promover rivalidades entre vecinos no abona a la paz social, que los funcionarios deberían promover”.
Como primera reacción a la paralización de la obra, ayer más de 100 personas marcharon en apoyo de la gestión del Intendente César Briguera, alertando sobre las “30 familias que se quedaron sin trabajo por la decisión judicial”. Un sector social que interpreta el reclamo como un “rencor político partidario” de un adversario “perdedor y resentido”. Estos vecinos autoconvocados se reunieron ayer a las 15 hs en la plaza, en una manifestación de rechazo a la paralización de la obra: hubo micrófono y sonido, y se cantó el himno nacional. Algunos vecinos que hablaron en la asamblea reivindicaron el respeto a los pueblos originarios y se reconocieron como descendientes de los pueblos precolombinos, incluido el propio intendente. Hablaron de la necesidad de respeto del crecimiento del pueblo y los cambios, y de la amplia mayoría con que ganó la actual gestión municipal. También un orador solicitó mesura en las intervenciones en las redes sociales, donde hubo mucha agresión e insultos en los últimos días. “Hace mucho que sabemos que la plaza está sobre un cementerio. Hicimos un pozo de agua hace mucho tiempo acá en la Plaza, y que caminemos por aquí o que nuestro pueblo cambie no quiere decir que no respetemos a nuestros ancestros” se escuchó en la rueda.
Mientras tanto, el Intendente Briguera se movía hoy para cumplir con los requerimientos adminisrativos que impuso la medida judicial, en un “día de mucho movimiento y trabajo”, aseguraron desde el Municipio. Queda esperar que la intervención de las justicia aporte claridad a la confusión generalizada y a la simplifcación de un boca-river entre “hippies y paisanos” de la que unos y otros no atinan a salir y, hasta se diría, gustan de abonar. Más allá de que la obra se paró y de que nos gusten o no las veredas anchas. Mäs allá de que se hayan aprobado legítimamente en el Concejo deliberante elegido por el pueblo. La única certeza hasta el momento es que la justicia intervino. Y lo que en el imaginario de muchos se entiende como un mero rechazo al cambio y a un San Marcos que crece, fue interpretado por un juez federal de primera instancia como un proceder irregular e ilegal por parte de la Muncipalidad según las leyes vigentes. Todos los vecinos del pueblo lindo, cualquiera sea su origen, pueden comprender esto. Y todos están esperando a ver cómo sigue la cosa: acá, en el mismo invierno terco y frío de San Marcos Sierras
