Sobran políticos
Un detrás de escena de los escraches a diputados que votaron la Ley Bondi.Los cambios extractivistas que generaría la normativa, y los avances y límites de la resistencia de abajo. Y desde arriba: ¿Por qué hay empresas locales que defienden la ley, a pesar de que corren el riesgo de que desaparezcan?
Por Lea Ross | Ilustración: @fuska.visual | Para La Luna con Gatillo
“Falta vergüenza, falta verdad
Falta en tu mente la libertad
Faltan monedas para viajar
Faltan fábricas, falta hasta el pan”.
-Arbolito. Sobran.
Cuando el diputado nacional se bajaba del colectivo, recibió una banana. “Tomá, llevátelo para el desayuno, gorila”, le recriminó otro pasajero. Carlos Gutiérrez, la espada de Juan Schiaretti en la cámara baja del Congreso, ya la estaba pasando mal en su retorno a Río Cuarto, luego de haber votado todo a favor la Ley Bondi Zombi + Reforma fiscal. Las recriminaciones que recibió en el interior del colectivo fue tal que tuve que intervenir el chófer para calmar las aguas.
Cuando en plena madrugada recibió la fruta amarillenta, no tuvo mejor respuesta que darle una “trompada”, según información que le llegó a La Luna con Gatillo. Eso llevó a algunos sacaran sus teléfonos celulares, en donde solo lograron grabar el momento en que reclamaba sus equipajes, siendo viralizado por las redes sociales.
https://www.instagram.com/p/C6gVAqruvY8/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=embed_video_watch_again
Gutiérrez tiene más cara de malo que la del pirata cojo con pata de palo. Fue ministro de agricultura del primer gobierno de Schiaretti, entre 2007 y 2011, cuando el área de Ambiente dejó de ser una agencia y pasó a ser secretaría, ejercida en su comienzo por María Amelia Chiofalo, hasta octubre de 2008. Para cuando quedó vacante, fue ocupado por “Tío Sam” Gutiérrez, estando en los dos lados al mismo tiempo, según señala la politóloga Vanesa Villarreal en su libro Córdoba: Estado, política y agronegocios (1996-2016). Y en 2016, como legislador, tuvo un frustrado intento por reformar la ley de bosques para avalar la expansión agropecuaria sobre espacios boscosos. Como diputado, se opuso a la Ley en Envases, que apunta a que las compañías pongan un tributo por la cantidad de residuos que generan y que eso se destine a emprendimientos de reciclaje. Sus argumentos fueron un calco a la postura de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina, encabezada entre otros por Coca-Cola, la principal tiradora de plásticos desechables del mundo.
Gutiérrez es uno de los tantos diputados nacionales que recibieron reprimendas en las calles por haber permitido el primer triunfo parlamentario de La Libertad Avanza, que van desde Margarita Stolbizer gasta nuevamente el otro cordobés, el desteñido radical Rodrigo de Loredo, que a esta altura se ha vuelto una costumbre callejera.
La ecuación rugida
El PBI de todo país, es decir la principal representación de su economía, está conformado por las siguientes variables:
PBI = C + I + G + ( X – M )
donde C es el consumo, I las inversiones, G los gastos y (X-M) la diferencia entre exportaciones e imprortaciones.
La Ley Bondi Zombi + Reforma Fiscal pretende adulterar el peso de los mismos, no solo contra C (vía licuadora) sino también G (vía motosierra). Por ende, se pretende que las variables de I, sobretodo inversiones extranjeras, y (X-M) tengan mayor protagonismo en nuestra economía.
Ambas leyes hermanas conforman una triada de reforma laboral/fiscal/previsional que implica un sistema de impuestos regresivos (los ricos pagan menos y los pobres pagan más), incentivando el lavado de dinero y mucha flexibilidad para las inversiones en actividades del agronegocio, la minería y la extracción de hidrocarburos, cuyos productos se destinan al extranjero y no a las familias de acá. El Lord Jamón ya declaró que cuando termine su mandato presidencial espera mudarse en el campo junto con sus cuatro o cinco hijitos de cuatro patas. Es decir: espera pavimentar su Base como inicio para las próximas gestiones.
Las consecuencias que atrae eso se volvió palpable durante el debate entre diputados. Por un lado: las empresas argentinas que cotizan en la Bolsa de Wall Street tuvieron picos en alza. Según Infobae, que incluyó la tabla de abajo, el índice del Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, medido en dólares CCL, llegó a 1.230 puntos a las 11 y cuarto de la mañana (cuando habían pasado dos horas de la aprobación general de la Ley Bondi), superando lo que fue un máximo desde el 8 de junio de 2018 (1.243 puntos). Ahí vemos que las firmas que más se beneficiaron fueron los bancos: Macro, Galicia, BBVA y Supervielle.
Paralelamente: la gran mayoría de los puertos privados argentinos tuvieron cero registros de entrada de camiones, tal como lo vemos en esta segunda tabla, a partir de registros realizados por la empresa Agroentregas. Esto es porque el gremio de los aceiteros han bloqueado las entradas, en rechazo a las dos iniciativas legislativas, en particular, la reforma laboral y el retorno del pago del impuesto a las ganancias.
Ambos sucesos emulan a cuando alguien recibe sus “dividendos” por entrar en una estafa piramidal, pero a la vez ya recibe reproches por parte de sus embaucados.
Zombis empetrolados
Más de la mitad de la Ley Bondi Zombi (o “Ley Pasta Base”, como dijo uno de los diputados) está conformada por los artículos de los títulos 6 y 7, que llevan como nombre “Energía” y “Régimen de incentivo para grandes inversiones” (RIGI).
Gran parte de lo que es Energía hace modificaciones a las leyes de hidrocarburos, sobretodo la Ley 17.319 o la que expropió las acciones de YPF (ley 26.741) en 2012. En la actualidad, dichas normativas hablan de “satisfacer las necesidades” del país y del “mantenimiento de las reservas”. Todo eso lo borra el artículo 100, que los reemplaza por “maximizar la renta obtenida” por las empresas. El artículo 103 dice que el Estado “no podrá intervenir o fijar los precios de comercialización del mercado interno”, lo que implicará el aumento de la nafta y el gasoil en los surtidores, para pagar la renta de las compañías. Incluso: se suprime la obligación que los líquidos deban “cubrir las necesidades internas”. El artículo 104 establece al comercio internacional como “libre”. Y el artículo 129 reduce hasta un 5% las regalías, y sería el único aporte que le darán las petroleras a las provincias.
Con respecto al RIGI, se propone beneficios a quienes realicen inversiones de más de 200 millones de dólares en el país. En su capítulo 4, se ofrece una batería de beneficios impositivos y aduaneros, que incluye exenciones al IVA y a las ganancias, mientras que el segundo tributo retorna para alrededor de un millón de trabajadores, según la reforma fiscal. El artículo 195 establece que en el primer año de la inversión a exportar, las empresas solo cobraran el 20% de las retenciones, un 40% cuando transcurran dos años y la exención total (100%) cuando pasen tres años; un extraordinario beneficio que no lo tiene ninguna PyME. El artículo siguiente ofrece libre disponibilidad de divisas y, en el artículo 197, la no obligación de realizar comercio interno, es decir, todo para los puertos. Todo esto, según el artículo 198, no podrá ser cercenada por ninguna ley y tendrá vigencia durante 30 años.
Como se puede ver, ambos títulos implican una mayor profundización de la economía extractivista y una destrucción del trabajo local, dispersando pueblos fantasmas. Y aún así, eso explica la clave del apoyo de los gobernadores para su aprobación. Por eso: diputados de Unión Por la Patria de Catamarca y San Juan levantaron sus manos a favor de esos dos capítulos, siendo jurisdicciones donde pesa fuerte la minería a cielo abierto.
¿Amenaza fantasma?
Acorde a esto, la fundación FARN hizo un análisis del riesgo ambiental resaltó que los capítulos de hidrocarburos como los del RIGI apuntan a beneficios de nuevos proyectos extractivistas. También, se resalta la amenaza de apropiación de los fondos fiduciarios de la protección de bosques y del manejo del fuego, que serán administrados por el Estado según su conveniencia.
Hay un punto que discrepa su humilde servidor sobre ese informe. Es la que cita al capítulo que modifica la Ley de Procedimiento Administrativo. Advierte que en materia de participación ciudadana, la audiencia pública, que es la instancia en donde los pueblos pueden debatir sobre determinados proyectos que pueden afectar al ambiente, puede ser “sustituido por el mecanismo de consulta pública o el que resulte más idóneo, técnica o jurídicamente”. Para FARN, al ser una acotación “indefinida”, corre el riesgo de la “discrecionalidad” de que las audiencias sean reemplazadas por otro mecanismo que no sea ni siquiera la consulta popular.
En realidad, la Ley General de Ambiente (N.º 25.675) establece que las audiencias o las consultas son “obligatorias” como optativas. Es decir, ante la “indefinición” de la Ley de Bases, se resuelve en lo que dice la Ley de Ambiente cuando se trata de cuestiones ambientales.
Unidad en espera
Por otra parte, el primero de mayo fue un momento donde las distintas centrales pretendieron mostrar unidad, en rechazo a la reforma laboral y como previa al paro general nacional del 9 de mayo.
En la ciudad de Córdoba, mediante la modalidad de una caravana frente a un paro de colectivos, se movieron la CGT Regional (allí están los sindicatos más pesados en cuanto a incidencia de la macroeconomía como son los camioneros), la CGT Córdoba (más medianos, como gráficos), las dos CTA (con presencia de trabajadores estatales, principalmente) y la UTEP (movimientos barriales y de la economía popular).
La pérdida de puestos de trabajado que se inicia es fruto de la recesión económica, que implicó una estampida de precios, que llevó a un freno del consumo (C) y, por ende, la baja productividad de las empresas locales y la cesantía de los puestos de trabajo. A pesar de eso, la Ley Bondi se aprobó con poca resistencia callejera en los alrededores del Congreso, y abrió las sospechas de que los más pesados de la representatividad laboral se pusieron en el freezer a cambio de bajar algunos artículos que más lo comprometieron, como borrar los aportes a trabajadores no afiliados.
Ante ese escollo, se suma otro problema: según el antropólogo Pablo Semán, es más fácil gobernar un país con desocupación que con inflación. Porque cuando uno compra un producto que subió su precio, sabe que es un problema que se siente a nivel colectivo, y que por ende el Estado tendría que hacerse cargo de resolverlo. Pero ser despedido, implica un ambiente más personal, donde el chivo expiatorio puede disolverse contra el Estado, el patrón, o en el peor de los casos, contra los íntimos.
A eso se le suma un ascenso más notorio de los sectores de clase media, que prefirió tener más presencia en la defensa de la educación universitaria que en asistir al paro del 24 de enero contra las normativas impulsadas por el león. Será otro desafío para una perspectiva más colectiva frente a un presidente que cita autores austríacos donde ven con beneplácito el individualismo.
Darwinismo empresarial
Pero no solo sobran políticos. También ciertos empresarios.
Mientras se discutía la Ley Bondi Zombi, el Mago sin Dientes de las Finanzas, Luis Caputo, fue comentado en las redes sociales por su siguiente declaración en una actividad de la Fundación Mediterránea: “La Ley sirve y mucho para los argentinos. La mayoría de acá son empresarios; no les tengo que decir las cosas que tiene la Ley que los favorece, empezando por lo laboral. Pero también tiene muchísimas otras cosas más, que le sirven al país. Por lo tanto: ¿es importante que la ley pase? Por supuesto. Porque a la vez, muestra un soporte político que tanto el empresariado como el de afuera, a efectos de invertir, lo miran. Ahora, no es condición sine qua non para que nosotros tengamos equilibrio fiscal. Ese compromiso es lo mejor que podemos hacer a los empresarios”, comentó luego de un tibio aplauso.
¿Cómo se explica que entidades que representan industrias locales, como es la Fundación Mediterránea, aplaudan al Mago sin Dientes por apoyar una Ley que alienta que multinacionales no recurran a la contratación de firmas locales?
Según la historiadora Ivana Fantin, en pleno proceso de reorganización nacional y bajo la gestión económica de José Martínez de Hoz, los informes de la Mediterránea advertían que la liberalización de los mercados no necesariamente permitía la reducción de costos y el incentivo a la competencia, sino que marcaba una tendencia a la desaparición de empresas, su concentración y su pase a tener que importar insumos. Hablamos de una postura, contradictoriamente, tan crítica como beneplácita: “No deberíamos sorprendernos de este posicionamiento, ya que Pagani era el dueño de Arcor, una de las firmas que más se benefició con este proceso, tanto por la concentración de capitales como por la ampliación en el mercado logrando transformarse en una de las empresas trasnacionales más importantes del país”.
A la hora de hurgar los informes de la fundación, la historiadora saca la conclusión de que para la Mediterránea es un “proceso natural la quiebra de las empresas que no se adaptaban a las nuevas reglas de competitividad”. Incluso, “justificando la decadencia industrial en una especie de darwinismo empresario en el que ‘solo sus decisiones (la de los empresarios) permitirán que sus empresas subsistan, se fortalezcan y compensen el proceso de internacionalización con que amenaza el capital de origen externo’”. Una verdadera fórmula implosiva.
