En la región

Inmobiliarias, jueces y matones contra la comunidad Ticas

En una conferencia de prensa llevada a cabo este fin de semana en Quisquisacate, comunidades Ticas denunciaron hostigamiento sistemático por parte de desarrolladores inmobiliarios, patotas armadas, incendios de bosque nativo y amenazas de violencia física y sexual. La respuesta de la justicia local fue imputar a cuatro personas de la comunidad por “turbación de la posesión”. Para reclamar su derecho ancestral a la propiedad comunitaria, junto a otras comunidades de la provincia, el 17 de septiembre realizarán una caminata en Córdoba.

La comunidad Ticas, perteneciente al pueblo ancestral comechingón del territorio Quisquisacate, en la localidad de Bialet Massé, invitó a una conferencia de prensa el pasado sábado 28 de agosto en su territorio ancestral. Allí, relataron que desde hace seis años vienen sufriendo prácticas de hostigamiento y persecución en sus territorios como la que denunció la comunidad Pluma Blanca la semana pasada, que incluyó el asesinato de dos animales y la colocación de un artefacto explosivo casero.

El primero en tomar la palabra fue Aldo Gómez, nawan de la comunidad Ticas y representante del pueblo comechingón ante el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y miembro del Consejo Provincial Indígena, junto a otras comunidades.

Entre otras autoridades comunitarias de distintos territorios comechingones, se encontraban Juana Manuela López, Casqui Curaca de la comunidad Hijos del Sol, comechingón y primera autoridad transgénero; la nawan de la comunidad Isqon Killa Nueve Lunas de San Esteban del Pueblo Camiare; y más integrantes de la organización territorial Kami Henen.

Antes de comenzar con la conferencia, Aldo pidió esperar a completar el círculo de fuego, un círculo de protección al espacio y las personas presentes. Luego, comenzó relatando que hay cuatro personas imputadas por la Fiscalía de Bialet Massé por turbación de la posesión: “Estábamos trabajando y aparece un móvil policial. Nos cita, preguntamos por qué y nos dice que, cuando lleguemos a la policía, se nos iba a informar. Cuando llegamos, nos dicen que no nos pueden informar porque es secreto de sumario”.

Hace alrededor de un mes, presentaron una querella en la Fiscalía de Cosquín solicitando la unificación de las causas, ya que desde 2015 hay más de 12 de denuncias hechas a distintas personas que han intentado introducirse en el territorio. Hasta el momento, la fiscalía no ha dado respuestas: “La semana anterior, la abogada había presentado nuevos requerimientos a la fiscalía sobre cuál era la situación de ese pedido, pero resulta que no, se nos imputa”.

Hasta ahora, sabemos que se nos acusa de turbación de la posesión, pero no sabemos de qué posesión, ¿nuestra propia posesión? La misma fiscalía que realiza esta acusación tiene desde 2015 toda la documentación de nuestra presencia ancestral en este territorio, tiene todo para no dar lugar a esos requerimientos (…) Se está desconociendo la posesión ancestral de la tierra”.
Detrás de la mesa que comparten, a sus espaldas, se expande el monte y las sierras de fondo: “Este territorio es parte de un territorio mucho más amplio, el Quisquisacate, la traducción es Pueblo de las Tunas, como le dicen ahora. Para nosotros, el territorio es la vida, es donde se desarrolla la vida, pero no únicamente la vida de las personas, es todo (…) Sabemos que los beneficios de la defensa de los territorios no termina en la comunidad, porque van incluso a los mismos grupos que nos están atacando y han cosificado a la naturaleza y la humanidad”.

Aldo cuenta que “hace 30 años, no existían los pueblos indígenas en Córdoba”, porque un decreto de fines del siglo XIX dio por desaparecidos a los pueblos comechingón, sanavirón y ranqueles. De igual manera, sostienen que “ese desconocimiento sistemático de los pueblos indígenas, ya sea a través del decreto, no puede terminar con la vida de los pueblos, como tampoco le da vida a los pueblos”.

Pasaron 100 años hasta que la comunidad Ticas demostró ser una comunidad y un pueblo vivo. Este reconocimiento forma parte de “un proceso de recuperación y valoración cultural”.

“Para nosotros, es muy importante, porque de forma reivindicatoria fuimos al Estado y le peleamos. Logramos un informe antropológico, diciendo que, tras las formas campesinas, había una unidad cultural que era los comechingones, se demostró después con pruebas genéticas y reconocimientos que hoy son más de 70.000 en Córdoba”.

El reconocimiento legal sobre la posesión ancestral rige tanto a nivel nacional como provincial, gracias un proceso de organización fuerte. “Esta diversidad -reflexiona Aldo- como personas y como comunidades, como agrupaciones, no nos puede apartar. Esa diversidad debe aportar, para caminar juntos desde esa fortaleza, creemos en la fortaleza de la unidad. La defensa de la vida debe ser uno de los ejes que nos unen”.

Seguir leyendo en original La Tinta

Publicaciones relacionadas

Botón volver arriba