¿Cómo intervienen las patentes en la investigación en salud? ¿Es posible gestionarlas para el bien común? ¿Cómo afectan en la distribución y el acceso a las nuevas tecnologías médicas? Investigadores y activistas buscan responder a estas preguntas con una mirada desde los países en desarrollo.
¿Cómo intervienen las patentes en la investigación en salud? ¿Qué ventajas y desventajas ofrece el sistema de propiedad intelectual vigente? ¿Qué alternativas podrían tenerse en cuenta para favorecer un mejor acceso a la salud? Esas fueron algunas de las preguntas que convocaron a quienes participaron de la mesa inaugural de la Semana de la Investigación, el Desarrollo y la Innovación (SIDI), organizada por la Escuela de Economía y Negocios de la Universidad Nacional de San Martín (EEyN/UNSAM), que se está desarrollando desde el lunes 6 de septiembre de manera virtual.
“Si bien el debate sobre patentes en salud lleva años, cobró más notoriedad el año pasado con la campaña #liberen las patentes. Por eso, pensamos el panel con la idea de reflexionar desde la investigación y en qué medida las patentes funcionan como incentivo o entorpecen. Y, desde la gestión, sobre cómo pensar en organizar estas innovaciones para el bien común. También desde la mirada de las personas directamente afectadas por los precios monopólicos que implican la patentes”, afirmó la investigadora del CONICET y del Centro de Investigaciones para la Transformación (CENIT), Valeria Arza, que moderó el debate.
“Desde nuestro lugar, es casi imposible trabajar para poder hacer algo en una pandemia siguiendo esas reglas”, dijo la investigadora Juliana Cassataro, que dirige el grupo de investigación sobre Inmunología, Enfermedades Infecciosas y Desarrollo de Vacunas en el Instituto de Investigaciones Biotecnológicas (IIB) de la UNSAM, y que desde que empezó esta crisis sanitaria, se ha abocado a desarrollar una vacuna contra la COVID-19. “Podríamos haber usado cosas mejoradas o mejorar otras que ya estaban patentadas, pero decidimos no hacerlo, para evitar la posibilidad de infringir alguna patente. Hubo un montón de elecciones, de cosas mejores que no hicimos, porque después se podría frenar la venta en la Argentina. Y nos enfocamos solo en el país, porque rastrear lo de afuera es directamente imposible”, agregó y destacó que, por más que se liberen las patentes, es necesario que en la región también haya capacidades tecnológicas avanzadas para poder desarrollar esos productos.
Al respecto, José María Di Bello, que integra la Red Latinoamericana de Acceso a Medicamentos (RedLAM), coincidió en la necesidad de contar con capacidades para llevar adelante esos desarrollos, pero recordó que algunos países de la región, como la Argentina, Brasil y Colombia, históricamente han tenido muchas capacidades, pero “fue justamente el advenimiento del sistema de patentes lo que ha ido en contra de eso: sabemos que en Colombia, hasta hace 30 años, había capacidades instaladas y plantas que funcionaban muy bien en la fabricación de vacunas, pero todo eso se fue desmantelando”, ejemplificó.
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(Imagen: TSS)
Di Bello, que en la Argentina preside la Fundación Grupo Efecto Positivo (GEP), una organización de la sociedad civil que representa a personas que viven con VIH y trabaja en el acceso a medicamentos desde hace más de 10 años, señaló que uno de los planteos que suelen surgir al pensar en esta posibilidad es la necesidad de contar con los fondos necesarios para realizar inversiones. Sin embargo, advirtió que los países terminan pagando “muy altos precios” por medicamentos patentados, montos que podrían destinarse a otras políticas públicas.
Las patentes son títulos de propiedad intelectual que les otorgan monopolios a quienes las poseen, ya que les dan la capacidad de excluir a otros de producirlos o comercializarlos por un período mínimo de 20 años. Deben aprobarse país por país y son retroactivas, es decir, que los dueños de una patente que se apruebe en la Argentina, por ejemplo, pueden multar o sancionar a quienes la hayan infringido desde el momento en que se presentó la solicitud en el país. Y, si bien estos beneficios existen desde hace siglos para otros tipos de invenciones, su aplicación en innovaciones vinculadas con la salud es reciente. En Europa, por ejemplo, no se aplicaba antes de 1970. Luego, fueron incluidas en el acuerdo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), firmado en 1994 en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC), y recién comenzó a implementarse en la región durante este siglo.
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