Más de 450 organizaciones reclamaron al gobierno que convoque al diálogo y termine la militarización
Entre las organizaciones firmantes aparecen el Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO), Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), la Liga Argentina por los Derechos Humanos, H.I.J.O.S Capital, entre otras.
Organizaciones sociales, de derechos humanos y comunidades de todo el país enviaron una carta a varios funcionarios del gobierno nacional y otros organismos para exigir que se convoque al diálogo con el pueblo mapuche y que se termine con la militarización en Villa Mascardi, donde la comunidad Lafken Wincul Mapu realiza una recuperación territorial que fue desalojada por el operativo del comando unificado de fuerzas federales creado por el Ministerio de Seguridad de la Nación.
En el texto titulado El gobierno debe explicar el despliegue de fuerzas de seguridad en Mascardi y convocar diálogo, piden que se explique cuáles son las tareas de prevención que el gobierno nacional dice cumplir en la zona.
Entre las organizaciones firmantes aparecen el Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO), Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), la Liga Argentina por los Derechos Humanos, H.I.J.O.S Capital, entre otras.
Todas ellas, se preguntan cuáles son las hipótesis que justifican la presencia de la cantidad de fuerzas federales que desplegó el gobierno nacional en el territorio: “El “comando unificado” de las cuatro fuerzas federales fue impulsado por el Ministerio de Seguridad para supuestamente “prevenir” hechos de violencia. En los hechos esa propuesta pareciera estar basada en estereotipos de identidad cultural y étnicos, ya que se dirige exclusivamente a controlar y perseguir a las comunidades mapuches”.
“El pedido de diálogo se viene haciendo hace un montón, muchísimas organizaciones y organismos vienen pidiendo esto y que se pase a una instancia distinta que no tenga que ver con la militarización y que tenga que ver con poner a todos los actores sobre la mesa”, aseguró Juan Salvador Delú, presidente de FARCO, y al mismo tiempo consideró que el traslado de las mujeres detenidas hacia el Penal de Ezeiza, en Buenos Aires, fue “una medida totalmente desproporcionada”.
“La violencia como respuesta a los conflictos sociales la verdad es que lo único que va a generar es su propio escalamiento”, señaló.
Por último, el comunicador de Radio Futura afirmó que “muchos medios de comunicación de gran llegada no colaboran con la situación” porque “criminalizan, simplifican las discusiones y no entienden que este es un tema que Argentina tiene que discutirlo de manera sensata”.
Además, las organizaciones que adhieren al texto manifiestan que “ese despliegue securitario estatal es incompatible con las obligaciones asumidas por el Estado de prevenir y proteger el derecho a la integridad física y psíquica de las comunidades indígenas”.
“También es incompatible con sus obligaciones de no discriminación, que pesan sobre todas las autoridades del Estado, en particular hacia las comunidades indígenas”, completa el texto.
Otro de los reclamos es que se inicie un proceso de diálogo que sirva como alternativa a la intervención armada sostenida hace una semana. “En este sentido, solicitamos se convoque en el menor tiempo posible a una reunión con organismos de derechos humanos y con referentes de las comunidades mapuche de Río Negro”.
Fuente: Agencia Farco
