Impiden ser querellantes a quienes denunciaron al Gobernador Schiaretti por los incendios

El Juez de Control en lo Penal y Económico, Gustavo Enrique Hidalgo rechaza a Juan Smith y Raúl Montenegro como querellantes en la denuncia penal que hicieron contra el gobernador Juan Schiaretti por haber actuado tardíamente durante los incendios masivos de 2020-2021.

En diálogo con Radio Sur, Raúl Montenegro afirmó que no quieren permanecer en silencio en medio del evidente blindaje mediático «mostramos a la sociedad que queremos ser querellantes, pero en Córdoba existe una política judicial restricta, una especie de blindaje como si el gobernador no pudiera cometer errores, no pudiera violar leyes, ni cosas por el estilo, entonces no nos parece justo» nos comentaba Raúl Montenegro quien asegura que la irresponsabilidad ambiental de los funcionarios de la provincia es escandalosa»

Además de apelar judicialmente la decisión, Juan Smith y Raúl Montenegro indicaron que la decisión del Juez «blinda» al gobernador y facilita el archivo de causas presentadas contra Schiaretti.

Córdoba (Argentina), 5 de enero de 2022.

La Fundación para la defensa del ambiente (FUNAM) informó que el Juez de Control Gustavo Hidalgo resolvió “Rechazar la instancia de constitución en querellante particular deducida por los denunciantes Raúl Montenegro y Juan Carlos Smith, por carecer los peticionantes de la legitimación subjetiva necesaria para otorgarle tal participación».

El Juez Gustavo Hidalgo indicó que al no haberse hecho el pedido de querella desde una organización intermedia no correspondía concederla. Para la sesgada visión del Juez Hidalgo no queda acreditado que Juan Smith y Raúl Montenegro son «afectados» por los incendios.

Smith y Montenegro adelantaron que «además de apelar la caprichosa decisión del Juez, consideramos que cualquier ciudadana y ciudadano de la provincia de Córdoba es afectado por los incendios masivos que se produjeron en la provincia, pues tales incendios dejan las cuencas hídricas sin protección vegetal, favorecen las crecientes, inundaciones y muertes derivadas, y contaminan con nutrientes como fósforo y nitrógeno los cursos superficiales de agua, y sobre todo, los lagos donde se vuelcan esos ríos, generándose fenómenos de ‘eutroficación cultural’. Tales nutrientes provocan floraciones de algas verdeazules tóxicas en lagos. Entre las sustancias asociadas a esas floraciones algales -indicaron- se encuentran neurotoxinas y hepatotoxinas que afectan la biodiversidad y la salud humana».

Juan Smith y Raúl Montenegro marcaron asimismo que: «sugestivamente el Juez, al negarnos la participación como querellantes, facilita el archivo de nuestra denuncia contra el gobernador Juan Schiaretti, pues al no aceptarnos ese archivo les resultará más fácil».

«Dicho en otras palabras -agregaron Smith y Montenegro- la no concesión de la querella anula la resistencia que opondríamos ante cualquier archivo y desestimación de nuestra denuncia».

En uno de los párrafos más objetables el Juez Hidalgo expresa que: “En consecuencia, las hipótesis descritas en los hechos traídos a consideración, resultan delitos de ofensa simple, por lo que la administración pública es el único afectado y esta es la pauta definitoria a los fines de determinar la legitimación activa, y visto que no admiten la ofensa a otro bien penalmente protegido que no sea la administración pública (aunque sí pueda afectar otros bienes jurídicos después de su consumación, lo que le permitirá reclamar –reitero- en el ámbito civil como damnificado), corresponde rechazar la participación como querellante particular de Raúl Montenegro y Juan Carlos Smith, por no ser víctimas (penalmente ofendidas) de los delitos denunciados quedando evidenciada su falta de legitimación para constituirse en querellantes”.

“Desdeñamos cualquier tipo de mercantilización de nuestros Derecho al ambiente sano, a la salud. Pareciera que para el Juez tanto Juan Smith como Raúl Montenegro tienen legitimidad para pretender una indemnización, pero no tienen esa legitimidad para coadyuvar en el esclarecimiento de las responsabilidades penales que la vulneración de esos derechos genera», sostuvo FUNAM.

Juan Smith y Raúl Montenegro coincidieron en señalar que «llevaremos este planteo a todas las instancias judiciales pertinentes, pues la decisión del Juez Gustavo Hidalgo estaría actuando como un escudo protector para el gobernador Juan Schiaretti. Es al mismo tiempo una pésima señal para las ciudadanas y ciudadanos, pues con este fallo se les está diciendo que la alteración de las cuencas hídricas de la provincia no los afecta directamente, y por lo tanto la Justicia no los reconoce como afectados».

Juan Smith y Raúl Montenegro recordaron que la provincia de Córdoba «es una de las ambientalmente peor administradas de Argentina» y que la legislación sobre ambiente «se interpreta caprichosamente desde el gobierno provincial para mostrarse como impulsores de obras, cuando los más beneficiados son las empresas que construyen obras públicas costosas y sin licencia social».

Las Evaluaciones de Impacto Ambiental -señalaron- «se han bastardeado en forma escandalosa, sin siquiera considerar los masivos rechazos registrados en audiencias públicas. En la provincia de Córdoba las obras se ajustan a los caprichos del poder, no al espíritu con que fueron aprobadas las leyes. Basta mencionar el caso de la autovía de Punilla, o el improvisado proyecto de construcción del canal que traería agua desde el río Paraná con un notable desnivel. En cualquier lugar con legislación como la que tenemos en Córdoba semejante trasvasamiento de cuenca demandaría evaluaciones profundas y precisas, y largas y abiertas Audiencias Públicas. En Córdoba se avanza con créditos y autorizaciones adaptando las leyes al capricho de los funcionarios, no al revés».

«Córdoba vive la peor situación ambiental de toda su historia, con funcionarios que privilegian obras inconsultas y grandes beneficios para corporaciones, y que omiten proteger el funcionamiento y cuidado de las cuencas hídricas, cada una de las cuales tiene una ley específica, sistemáticamente incumplidas. La irresponsabilidad ambiental de los funcionarios de la provincia es escandalosa».