Autovía Punilla: «Denunciamos que gran parte del poder judicial agrede y niega el orden ambiental, defendiendo a los poderes económicos»

Desde la Mesa de Organizaciones, Comunidades Indígenas y Asambleas Socioambientales de Córdoba solicitaron a la Justicia de Córdoba la urgente atención y resolución justa de las causas ambientales.
Denuncian públicamente la sistemática violación de la Justicia de Córdoba de compromisos y convenios internacionales, leyes y principios constitucionales que garantizan derechos ambientales y protección a los derechos humanos fundamentales y, en particular, a los defensores ambientales.

Gacetilla de Prensa

Expresamos públicamente nuestro repudio al accionar ilegítimo de gran parte de los funcionarios judiciales, que agreden y niegan el orden ambiental y de derechos humanos vigentes, en desmedro de los bienes comunes y de los derechos e integridad de los y las defensores/as ambientales, en evidente beneficiando de los poderes económicos y políticos ecocidas.

En primer lugar, denunciamos el irrazonable plazo de tratamiento y resolución de las causas. Particularmente preocupante resulta el recurrente “cajoneo” de los Amparos Ambientales, que según su naturaleza jurídica deberían ser resueltos de manera urgente y, sin embargo, permanecen por años sin tratamiento; sin el dictado de medidas cautelares ni resoluciones de fondo. Permitiendo así, de hecho, el avance de acciones violatorias a los derechos ambientales y a los derechos humanos fundamentales, con consecuencias irreparables sobre la vida, la salud individual y pública y el ambiente, con consecuencias para las generaciones futuras. Es central en este sentido la falta de resolución urgente y dictado de medidas cautelares de Amparos presentados por la construcción ilegal de las Autovías de Punilla y Paravachasca. La falta de resolución de los Amparos está posibilitando en estos días la destrucción masiva del bosque nativo en zonas rojas, el desalojo de personas de sus tierras, la
destrucción de sitios arqueológicos, la intervención sobre cuencas hídricas vitales y la violencia y criminalización creciente de defensorxs ambientales. *

Resultan sumamente condenables los cada vez más recurrentes actos de violencias física y amedrentamiento contra defensores ambientales y pobladores locales, perpetrados por la
fuerza pública provincial en el marco del avance de las autovías.

Ante esta grave situación, la administración de Justicia de Córdoba, no ha hecho lugar a los Habeas Corpus presentados por vecinos agredidos y amenazados los días 6 y 10 de mayo 2022. Este abandono de las personas por parte de la Justicia ha dado vía libre al actuar ilegítimo y criminal de la fuerza policial que ha arremetido en medio de la noche contra defensores ambientales y habitantes de la zona que intentan desalojar y despojar de sus tierras y viviendas.

ANTE ESTA GRAVÍSIMA SITUACIÓN EXIGIMOS:

1. LA URGENTE RESOLUCIÓN DE LOS AMPAROS CONTRA LAS AUTOVÍAS AJUSTADOS AL DERECHO AMBIENTAL VIGENTE.
2. SE INVESTIGUE, JUZGUE Y CONDENE A LOS RESPONSABLES DE LA VIOLENCIA INSTITUCIONAL CONTRA HABITANTES DE LOS VALLES DE
   PUNILLA Y PARAVACHASCA.
3. LA URGENTE ADMISIÓN DE HABEAS CORPUS.
4. ORDENAR EL URGENTE CESE DE LA OBRA VIAL.
5. ORDENAR MEDIDAS URGENTES DE PROTECCIÓN A ZONAS ROJAS DE BOSQUE NATIVO, SITIOS DE VALOR ARQUEOLÓGICO, CUENCAS HÍDRICAS, VIVIENDAS Y TERRITORIOS DE SUBSISTENCIA DE POBLADORES LOCALES.

Sin embargo, por otra parte, la justicia respondió rápidamente un “Amparo” privado y aplicó una medida cautelar para permitir que productores rurales sigan fumigando con agrotóxicos al lado de las viviendas en Dique Chico, violando las ordenanzas de la Comuna y afectando directamente la salud de las personas. La apelación a esta medida, presentada por lxs afectados lleva más de un año sin respuesta. En tanto, las denuncias de lxs vecinxs de Dique Chico por contaminación con agrotóxicos no han sido atendidas.

6. SOLICITAMOS LA URGENTE PROHIBICIÓN DE LAS FUMIGACIONES CON AGROTÓXICOS EN DIQUE CHICO Y TODAS LAS COMUNIDADES AFECTADAS.
7. ATENCIÓN Y RESARCIMIENTO A TODOS LOS AFECTADOS POR AGROTÓXICOS.

Otra situación irregular, se presenta cuando algunos jueces dictan medidas cautelares de protección ambiental pero no controlan ni hacen cumplir las medidas dejando consumar daños ambientales. Como en el caso de la Empresa desarrollista Ticupil S.A. en la cuenca media alta de la zona de Candonga que tiene medida auto satifactiva a favor de los vecinos pero la construcción de casas sigue avanzando.

8. SOLICITAMOS LA URGENTE ELEVACIÓN DE LA CAUSA A JUICIO DEL EX SECRETARIO RAÚL COSTA POR EL DICTADO DE LA RESOLUCIÓN 1200/10 QUE AUTORIZÓ EL EMPRENDIMIENTO INMOBILIARIO EN LA ZONA DE CANDONGA POR PARTE DE TICUPIL S.A.
9. EXIGIMOS EL DICTADO DE LA MEDIDA CAUTELAR, SOLICITADA EN SEIS OPORTUNIDADES POR LA ASOCIACIÓN CIVIL MONTE VIVO, ANTE EL AVANCE DE DIFERENTES EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS EN ZONA ROJA DE BOSQUE NATIVO Y DE LA RESERVA HÍDRICA Y NATURAL MUNICIPAL SALSIPUEDES.
10. SOLICITAMOS SE ORDENE LA SUSPENSIÓN DE TODA OBRA DE APERTURA DE CAMINOS, INTERVENCIÓN EN LA COBERTURA VEGETAL, DESMONTES Y/O MOVIMIENTOS DE SUELO, PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA O VIVIENDAS U OTRAS ACCIONES QUE PUDIEREN AFECTAR EL AMBIENTE EN LA ZONA DE VILLA SILVINA Y VILLA GIANINI (LOTEO SAN MIGUEL) DE LA CIUDAD DE SALSIPUEDES, REALIZADAS O A REALIZARSE A INSTANCIAS DE LAS AUTORIZACIONES, PERMISOS O INFORMES CUYA ILEGITIMIDAD Y ARBITRARIEDAD SE DENUNCIA.
11. SOLICITAMOS URGENTE RESOLUCIÓN DEL AMPARO POR MORA EN LA ADMINISTRACIÓN EN CONTRA DE LAS COMUNIDADES REGIONALES DE
    TRASLASIERRA POR EL ACUEDUCTO QUE LLEVA ESE NOMBRE.
12. SOLICITAMOS ACCIONES URGENTES PARA DICTAR CUANDO NO SE HAN DICTADO, HACER CUMPLIR LAS MEDIDAS CAUTELARES Y EVITAR MAYORES DAÑOS SOCIOAMBIENTALES; Y ORDENAR Y HACER CUMPLIR LA
    REMEDIACIÓN DE LOS TERRITORIOS AFECTADOS POR ESTAS PRÁCTICAS ILEGALES.

En el mismo sentido, las causas penales por daños ambientales son simplemente “cajoneadas” o entrampadas por un exceso ritual manifiesto, que observando sólo lo formal,
nunca atiende a lo substantivo, la protección de la vida, la salud y el ambiente sano como derechos. Burocracia absurda que, luego de admitir todas las dilaciones posibles y demorar
irracionalmente los tiempos de resolución de los recursos; simplemente da por prescripta la causa. Ello ha llevado a que en el Caso Barrio Ituzaingó Anexo, contra la contaminación con
agrotóxicos, luego de 18 años de acciones judiciales, gran parte de las y los damnificados que iniciaran las acciones fallecieran. Y quienes sobrevivieron, nunca llegaron a recibir
resarcimiento por el daño perpetrado por la acción criminal constatada judicialmente de productores y fumigadores.
Es el caso también de la causa por contaminación con residuos peligrosos generada por la empresa del grupo Roggio, Taym S.A., que en 2017 contaminó con desechos tóxicos el
agua que bebe medio millón de cordobeses, el canal de riego del cinturón verde, las tierras cultivadas de campos vecinos, las napas subterráneas. A pesar de la gravedad del hecho y
de toda la prueba producida; aprovechando el encierro, desmovilización y “distracción” por la pandemia, simplemente la dieron por prescripta y exoneraron a los únicos dos imputados.
Además, la Fiscalía Anticorrupción archivó, también en pandemia y sin fundamentos válidos, la investigación sobre las responsabilidades de los funcionarios públicos en dicho
desastre ambiental.

Lejos de exigir a la empresa Taym remediación y resarcimiento por los daños permanentes causados al ambiente, por el enorme pasivo ambiental legado a nosotros y a las próximas generaciones, el Gobierno Provincial a cargo del gobernador Juan Schiaretti le otorgó a Roggio la licitación de parte de la autovía en Punilla; siendo en el presente una de las
empresas que devastan el exiguo monte nativo que nos queda, afectan las cuencas hídricas, destruyen sitios arqueológicos, y violentan a defensores ambientales.

13. SOLICITAMOS LA DESESTIMACIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN DE LA CAUSA TAYM Y SU URGENTE ELEVACIÓN A JUICIO.
14. SOLICITAMOS EL DESARCHIVO DE LA INVESTIGACIÓN SOBRE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS VINCULADOS AL DESASTRE DE TAYM.
15. SOLICITAMOS SE EXIJA LA REMEDIACIÓN DE LOS SITIOS CONTAMINADOS DE MANERA URGENTE COMO ESTABLECE EL ARTÍCULO 41 DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL Y EL RESARCIMIENTO A LAS VÍCTIMAS POR EL DAÑO Y PASIVO AMBIENTAL GENERADO POR LA EMPRESA TAYM S.A. (GRUPO ROGGIO) Y DEMÁS RESPONSABLES DE CASOS DE CONTAMINACIÓN.

Otra situación que atenta contra el orden jurídico y los derechos de ciudadanos y comunidades en Córdoba es el trato que reciben las comunidades indígenas en la provincia.
En los procedimientos se desconoce el derecho constitucional de los pueblos pre-existentes al Estado nacional, la ley de emergencia territorial N° 26.160 y el convenio de 169 de la la
OIT, ratificado por ley del Congreso de la Nación N° 24.071; en beneficio de intereses privados, de particulares que acaparan miles y miles de hectáreas para sus negocios
multimillonarios.

16. SOLICITAMOS EL EFECTIVO RECONOCIMIENTO DE LOS LEGÍTIMOS DERECHOS DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS A SUS TERRITORIOS Y LA CONSULTA PREVIA, LIBRE E INFORMADA.
17. SOLICITAMOS LA URGENTE REACTIVACIÓN DE LAS DENUNCIAS PENALES INICIADAS EN JESUS MARIA EN CONTRA DE CANTEREROS Y FUNCIONARIOS PÚBLICOS EN SIERRAS CHICAS.
18. SOLICITAMOS SE INVESTIGUE, JUZGUE Y CASTIGUE A LOS CULPABLES DE HECHOS DE VIOLENCIA INSTITUCIONAL COMETIDOS CONTRA LA COMUNIDAD DE PLUMA BLANCA.
    Por otra parte, la justicia de Córdoba ejerce prácticas arbitrarias que limitan el acceso de los ciudadanos a la justicia. Por una parte, negando el derecho de los afectados a participar
    como querellantes o terceros interesados en las causas; como en el caso de la decisión del Juzgado de Primera Instancia de Alta Gracia, confirmada por la Cámara Civil de 9na
    Nominación de Córdoba, que deja afuera a la organización Todxs por Nuestros Arroyos del expediente del Country El Potrerillo de Larreta en donde se debate la ilegalidad del
    cercamiento del arroyo Los Paredones por parte del country en Alta Gracia. O bien, exigiendo tasas de justicia o imponiendo costas a los defensores ambientales que litigan
    para proteger bienes colectivos.
19. EXIGIMOS SE RESPETE EL DERECHO AL ACCESO A LA JUSTICIA DE TODOS LOS CIUDADANOS GARANTIZANDO SU PARTICIPACIÓN Y LA GRATUIDAD DE LOS PROCESOS DE CARÁCTER AMBIENTAL.
    Es para todxs evidente que mientras funcionarios y empresas avanzan implementando decisiones con la fuerza policial sobre los derechos y bienes de personas en la construcción de las autovías de Punilla y Paravachasca, la Administración de Justicia no resuelven los amparos presentados hace años y criminaliza a los defensores ambientales.;

Es evidente que, mientras los responsables de contaminar con residuos peligrosos un territorio inmenso son exonerados por la supuesta prescripción de la causa; los que
desmontan en zonas prohibidas, amenazan y violentan a comunidades indígenas y a defensores ambientales, los mineros que encierran a un pueblo entero como en el caso de
Casa Bamba, los empresarios del bioetanol, PORTA HNOS. que contaminan y enferman a los barrios en el sur de Córdoba y los que fumigan al lado de las viviendas, jamás son
investigados; por el contrario, las personas que defienden el ambiente tratando de impedir las fumigaciones, el desmonte, la destrucción de sitios arqueológicos, la destrucción y/o
contaminación de cuencas hídricas, son violentadas por las fuerzas de seguridad e imputados por la justicia de Córdoba.

20. SOLICITAMOS LA DESIMPUTACIÓN DE LOS DEFENSORES AMBIENTALES Y EFECTIVA APLICACIÓN DEL ACUERDO DE ESCAZÚ. Por todo lo expuesto, solicitamos de manera urgente audiencia con el Fiscal General de la
    Provincia y los jueces del Tribunal Superior de Justicia.

Córdoba, 28 de julio de 2022.
MESA DE ORGANIZACIONES, COMUNIDADES INDÍGENAS Y ASAMBLEAS SOCIOAMBIENTALES DE CÓRDOBA