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Unidad Móvil Fiscal en Capilla del Monte: una apuesta al control civil en las denuncias

Alfonsina Irusta, es abogada y desde el año 2012 trabaja en el Poder Judicial. A partir de diciembre del 2022, está a cargo de la Unidad Judicial Móvil de Capilla del Monte. Una demanda de años por parte de organizaciones vinculadas a los derechos de las mujeres, disidencias y niñeces. Cómo funciona y cuáles son las ventajas de esta nueva dependencia en la localidad.

El 13 de diciembre del año 2022 se inauguró en la zona norte de Punilla, la Unidad Judicial Móvil de Capilla del Monte. Su carácter de “móvil” significa que abarca no sólo a Capilla, sino a La Cumbre, Villa Giardino y Huerta Grande. Alfonsina Irusta es la abogada a cargo, como ayudante de la Fiscalía de Instrucción de Cosquín.  

“La idea es que en estas dependencias donde los sumarios se tramitan en sede policial, haya una ayudante fiscal, quién de las directivas y supervise las investigaciones”, explica Alfonsina, dando cuenta de su responsabilidad en este rol.

La Unidad Fiscal funciona dentro de la comisaría y Alfonsina recorre las cuatro localidades a lo largo de la semana, en función de las demandas particulares de cada lugar. No atiende un día específico, dado que las denuncias las continúa tomando la policía. La diferencia es que a partir de diciembre, hay una supervisión desde el Poder Judicial en el proceso de las denuncias.

“Justamente en estas dependencias, que están tan alejadas de la sede de Cosquín, donde está la Fiscalía que hace la instrucción de todas las investigaciones en Punilla, hay ahora un personal judicial en el territorio, desde donde dirige, da las directivas correspondientes y supervisa todo el proceso”, dice Alfonsina, quien antes trabajó en la Fiscalía de Carlos Paz y en la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico.

De esta manera, la Unidad Judicial Móvil, integrada por un funcionario/a del Ministerio Público Fiscal – denominado “Ayudante Fiscal”-, tiene como funciones principales las de controlar la legalidad de los procedimientos y actuaciones que se lleven a cabo por los conflictos penales que suceden en los ámbitos de actuación territoriales que tienen asignados.

En la provincia de Córdoba existen cinco Unidades Judiciales con estas características: Capilla del Monte, Santa Rosa de Calamuchita, Río Primero, Malvinas Argentinas y Río Ceballos. Las Unidades Judiciales de la provincia son coordinadas por el Director Gonzalo Moreno, de la Dirección de Sumarios y Asuntos Judiciales de la Dirección General de Policía Judicial del Ministerio Público Fiscal.

“Con motivo de las denuncias realizadas por particulares o las entregas hechas por el personal policial que haya presenciado algún hecho delictivo, se inicia un sumario, el cual es tramitado en la Unidad Judicial, donde se hace una investigación preliminar”, explica Alfonsina. En esta instancia se deben recaudar las primeras pruebas que puedan o no imputar a una persona. “Ese sumario se eleva a la Fiscalía de Instrucción en Cosquín, a los fines de prosecución, allá se toman declaraciones, se realizan pericias y se requiere la causa a juicio, si se recabó la prueba suficiente”, dice.

La Unidad Móvil de Capilla, depende exclusivamente de la Fiscalía de Instrucción de Cosquín, porque es la única que hay. “Por ejemplo, la Unidad Judicial de Carlos Paz es una, pero hay tres fiscalías, ahí se trabaja para las tres”, aclara Alfonsina y agrega que, “no hace falta que trabajes en la Fiscalía para que te designen como ayudante fiscal”.

En la generalidad de los casos, las Unidades Fiscales, tanto móviles como no, funcionan en la comisaría, no suelen tener otras sedes. “Excepto la de Cosquín, porque el edificio policial no está en condiciones, pero son las excepciones, la normalidad es que funcionen dentro o en un edificio al lado de la comisaría”, asegura.

Entrar a la comisaría para realizar una denuncia, suele generar distancia para muchas de las víctimas de violencia de género, dado que en la mayoría de los casos el trato no ha sido el adecuado. La sensación de que las denuncias se archivan, la falta de perspectiva de género en el procedimiento para tomar estos testimonios en particular, desalienta a muchas de las víctimas denunciantes.

Desde las organizaciones sociales y feministas locales, se viene visibilizando la constante revictimización que se ejerce en las instituciones que deberían comprometerse por la seguridad de las personas que sobreviven a la violencia. Mujeres y niñas sufren en el circuito de instituciones que deben recorrer para pedir protección y justicia.

La realidad del territorio arroja datos preocupantes de violencia. Por este motivo, acercar -de alguna manera- el acceso a la justicia a la mayoría de la población, a personas que viven lejos de los centros judiciales, fue una demanda histórica en la región. En este marco, la importancia de la Unidad Fiscal apunta -hoy por hoy- a garantizar un debido proceso en el mecanismo de la denuncia realizada en sede policial.

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