Otro oscuro día de justicia

–La bala de López que tiene Joaquín es circunstancial –dijo, sobre el final del alegato, la fiscal Fabiana Pochettino, después de casi dos horas de demostrar con pruebas que a Joaquín lo podría haber matado cualquiera de los policías.

 –¿Hay justificación para sacar un arma cuando estaban corriendo? –continuó la representante del Ministerio Público Fiscal, y habló sobre el desprecio que los policías demostraron por la vida, el ocultamiento de la muerte a su superior, el Comisario Inspector Romera, por más de una hora, la indiferencia ante la desesperación de los pibes pidiendo ayuda. “No inventemos nada, no plantemos nada, dejemos las cosas como están”, le había dicho Romera al sub comisario Sosa Gallardo, como una alerta,  en alusión al asesinato de Blas Correa en la ciudad de Córdoba unos meses antes.  

La cultura de la sospecha, la construcción de la figura del enemigo público, fueron algunas de las frases de una fiscal que reconstruyó los hechos con la precisión de un rompecabezas que daba cuenta de la violencia institucional antes, durante y después del crimen de Joaquín. El hostigamiento declarado por Maciel Marcos Heredia, quien tuvo que dejar el pueblo con su familia, la persecución posterior en Villa de Soto y el recuerdo de su amigo muerto. Un miedo anímico que se hizo presente en las palabras quebradas de su testimonio: “queríamos pedir ayuda y nos tiraban tiros de nuevo”.

Un terror adentro, incrustado, inentendible, que se convirtió en un suelo precario de su existencia, una amenaza latente que actúa sobre la totalidad de la vida. Son los ojos de los verdugos de su amigo.

–Hagan la diferencia, que no todo es lo mismo, que aquí no estamos juzgando a la institución policial, sino a policías que cometieron un delito y el mensaje debe ser para la sociedad. El caso Blas Correas cambió la policía en la Capital, que este caso cambie la policía en el interior –enfatizó la fiscal, en un alegato prolijo, coherente, con pruebas.

Y pidió la prisión perpetua para Maikel Mercedes López, Enzo Alvarado, Jorge Luis Gómez, Iván Luna -como coautor- y Ronald Fernández Aliendro, como partícipes necesarios y dos años para el subcomisario Alberto Sosa Gallardo, por el delito de amenazas calificadas por el uso de arma de fuego. Todos, excepto López, quién efectuó el disparo a Joaquín, quedaron absueltos por el beneficio de la duda.

La fuerza del orden

“Hay vidas que cargan con el riesgo, que llevan la muerte como fija en sus espaldas” (¿Quién lleva la gorra?. Colectivo juguetes perdidos)

–La actitud agresiva y violenta, señores jueces, fue de estos jóvenes, no de la policía. (…) Porque son rebeldes, desobedientes y no tienen educación –alegó Carlos María Cardeihac, el defensor del policía Ronald Fernández.

–Mariano Torres, es el gran responsable de lo que pasó –continuó el defensor, y se refirió así a quién esa noche del 25 de octubre de 2020 cumplía años.

De manera reiterada el alegato del defensor de Ronald Fernández, insistió en la culpabilidad principal de uno de los jóvenes. Como si la desobediencia por un festejo en pandemia, valdría la reacción de un operativo policial con un centenar de disparos. A pesar de haberse expuesto en el proceso judicial las comunicaciones entre los policías que hablaban de “correr a las ratas”, o de «salir a cazar saros”, los alegatos del resto de los defensores continuaron reforzando los estereotipos que dividen a un pequeño pueblo de 1000 habitantes del noroeste cordobés: “Son quilomberos, querían quilombo”.

“Si había muchos errores en la normalidad, más las había en el contexto de la pandemia. La posibilidad de error, en cualquier jerarquía, era muy alta”, había dicho en su declaración el comisario inspector Oscar Echeverría, al ser consultado por el proceder policial durante esa noche. Las funciones de control social nunca quedan demasiado claras, implican así el riesgo de que se constituyan en fundamento de la violencia en manos del Estado, elemento central de la excepcionalidad.

El decreto que en el año 2020 dispuso el aislamiento social preventivo y obligatorio fue un claro ejemplo de las consecuencias  de “lo preventivo”, cuando supone habilitar a otros responsables del Estado para que la comunidad cumpla la “nueva normalidad”. En un contexto de emergencia sanitaria, el Estado declaró medidas excepcionales para ensayar el cuidado de la ciudadanía y la policía, en ese amplio “margen de error”, jugaba su papel protagónico en el control social. Estar “afuera”, era estar observado y a merced del ojo policial, cargado de armas largas y cortas. Un detalle no menor en nuestra simbología de estatalidad. 

La construcción de un enemigo colectivo, continúa siendo un dispositivo necesario para la legitimación de la violencia en manos del Estado. Lo considerado “peligroso”, “amenaza”, “disolvente” o lo calificado como “elemento subversivo”, fueron categorías que se inscribieron en los orígenes de la conformación del Estado Nación. La sospecha permanente de una policía, que debía garantizar la existencia del Estado moderno. En este sentido, es destacable la importancia que el Estado le fue otorgando a las tareas del control social e ideológico, donde la categoría de “enemigo” fue constitutiva en los cambios de la propias estructuras de la inteligencia policial y militar orientada hacia un mejoramiento progresivo en la labor de las fuerzas de seguridad a lo largo de todo el siglo XX.

Desde la conformación inicial del Estado Nación, las Fuerzas Armadas participaron activamente en la vida política del país. La intervención a lo largo de todo el siglo XX, en seis Golpes de Estado, constituyó un determinado imaginario de aceptación social, donde la politización de las Fuerzas Armadas, constituía parte del escenario político de lo posible en nuestro país. La vinculación de éstas con la política y la subordinación de las policías, fueron prácticas y definiciones que se constituyeron como elementos prefigurativos de las formas que adquiriría el Estado durante la última dictadura cívico-militar en 1976. Con la apertura democrática en 1983 se intentó de diversas formas correr progresivamente a las Fuerzas Armadas de la arena política.

Esta prolongada historia golpista, cuyas consecuencias también son parte de la profundización de un modelo capitalista-liberal, ha ganado en el presente una condena social extendida por amplios sectores de nuestra sociedad. Sin embargo, la policía comenzó a tomar un lugar central en estas relaciones, reconfigurando el poder de control civil desde los distintos atributos que los gobiernos le fueron confiriendo.

Preservar el orden capitalista requiere inevitablemente de la ampliación de la violencia estatal, y las políticas represivas del Estado necesitan de la construcción de un enemigo. Esta trama represiva fue configurando incluso una arquitectura urbana tendiente al control, cuyos  alcances actuales han calado hondo en una sociedad que incorpora en su cotidiano nuevos dispositivos de control bajo la sombra de un imaginario social que siempre busca culpables.

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El mensaje de la sentencia

Después de ocho audiencias, la inspección ocular y los alegatos que tomaron dos días más, el desenlace del juicio fue deshacer algo que esperaba ser nombrado: justicia.

La estrategia de la defensa, de centralizar todas la responsabilidad en quién hizo el disparo letal -Maikel Mercedes López-, resultó victoriosa en la decisión del jurado y los jueces-Ángel Francisco Andreu, Ricardo Arístides Py y Javier Rojo. Por fuera quedó la violencia institucional que antecede incluso, según los testimonios, a la balacera de la noche del 25 de octubre donde muere Joaquín y Brian Villada y Jorge Navarro resultaron heridos.

El resultado de esta sentencia normaliza un paradigma de seguridad, que lejos de desactivar las redes de la droga y el delito, fortalece el poder policial y profundiza un sistema de opresión e injusticia. Mientras que el sistema judicial también escenifica una de las formas de la violencia que toma el Estado, y se hace legítima luego del resultado de un juicio: se hace “verdad”.  Una verdad que suena absoluta cuando entra en la burocracia de las penalidades y habilita la construcción de sentidos culpabilizantes en la sociedad. ¿Cuál es el modelo de Estado que se está prefigurando en la legitimación de la justicia ante cada accionar violento?

El resultado de un fallo que intenta ser una mordaza para los catorce jóvenes sobrevivientes de la balacera policial, que se abrieron al recuerdo frente a un público impensado: jueces, abogados y juradxs populares. Sin embargo, ese destrato a los jóvenes, a los familiares de las víctimas, el adultocentrismo, y la distancia jerárquica y de clase del tribunal, fueron elementos clave que se pudieron visibilizar como  vectores del proceder de la justicia.

Por eso, cada juicio también es una oportunidad. La verdad, también tiene sus formas. Afuera de los tribunales de Cruz del Eje, familiares, amigos, organizaciones sociales y de derechos humanos, reconocen a esta justicia como un sistema desigual, de impunidad y exclusión. Pero llegar a un juicio, en una causa de gatillo fácil, es una oportunidad para visibilizar lo que no trasciende: vidas interrumpidas de diferentes maneras. La trama de la violencia institucional que se hace un tejido frágil, un molde para la muerte violenta. Gracias a esa comunidad de Justicia por Joaquín se puso en evidencia lo que no siempre se dice adentro, empaquetado de tecnicismos distantes de la realidad. Esto implicó, la recomendación a la  Fiscalía de Instrucción, a la Fiscalía de Cámara, y a ambas asesorías letradas de Cruz del Eje, para que adicionen en la actividad diaria, una perspectiva de infancia y la necesidad de transmitir con un lenguaje claro a la sociedad los resultados de los procesos judiciales.

En esas formas diversas que toma la verdad y la impunidad, vale recordar algunos casos del interior de la provincia de Córdoba: la sospechosamente muerte de Brian Palomeque, quién apareció ahorcado en junio del 2012 en la Falda. Jorge Reyna, ahorcado en el interior de la comisaría de Capilla del Monte en el año 2013. Causas que nunca llegaron a juicio. La condena del tribunal de Cruz del Eje, en el año 2019, a 23 años de prisión a Flavia Saganías –por el beneficio de la duda- que la consideró culpable ante las agresiones que recibió el abusador de su niña, por un posteo en las redes denunciando la situación. La detención durante dos años de Lucas Bustos, sin pruebas, por el femicidio -no esclarecido- de Cecilia Basaldúa en el 2020, en Capilla del Monte. La balacera de Paso Viejo y el asesinato de Joaquín Paredes ese mismo año. El crimen de Lautaro Guzmán y Agustín Barrios en Colonia Caroya, en junio del 2020. La muerte de Jonathan Romo, en la comisaría de La Falda en julio del año 2022, detonante para la decisión política de desplazar al Comisario Bracamonte,  director de la Unidad Regional Departamental Punilla Norte.

La lista sigue. Fiscales que se repiten en diversas causas como Paula Kelm, de la fiscalía de Instrucción de Cosquín y el accionar de una justicia que es parcial, que acomoda sus sentidos según el enemigo que considere. Son contados los casos de gatillo fácil que llegan a juicio. “Tener esa perpetua nos da la convicción de que tenemos que seguir”, dice Ivana Reynoso, del Colectivo Justicia por Joaquín. Sabe que cada resultado es un antecedente que va sacando el revoque, que deja ver la estructura de una institución que debe cambiar.

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La precariedad de la vida configura la piel sensible de un pueblo. “Es importante que los pibes sepan que seguimos estando para ellos y que somos más”, dice Ivana. El resultado los desmorona, pero la fortaleza se hace un combate obstinado, se llena de vida. Puede haber alguna mirada que deje escapar el rito del prejuicio, algo habrán hecho, que acepta y se justifica con una sentencia que parece condenarlos por extensión. Esa es la parte de la trama que no se ve. Lo que desestabiliza el equilibrio frágil de la convivencia.

“La lucha sigue, logramos perpetua para el asesino de mi hijo, ahora tenemos que lograr que le den aunque sea algunos años a los otros”, dice Soledad Paredes, con el cuerpo dolido. “Vamos a seguir, claro que sí”, agrega Ivana. El pueblo habita lo que fue. Hay una herida nueva, que se deja atrás para avanzar y el encuentro sigue siendo la promesa que los salva.