Causa Basaldúa: el incendio del basural y las evidencias en riesgo

Pasaron más de diez días y el humo del basural sigue siendo parte del aire. Un incendio previsible, ante las altas temperaturas y la continuidad de los basurales a cielo abierto. En los primeros días de fuego, mientras vecinos, vecinas y brigadistas se organizaban para contener la situación junto a bomberos, dieron cuenta de la existencia de una vivienda -la única- cercana al basural, que se encontraba bajo las llamas.

A partir de las fotos de la casa, se pudo cotejar mediante la abogada Daniela Pavón y el abogado Gerardo Battistón, con el dueño del inmueble, que dicha vivienda es la que se encuentra a unos 600 metros del lugar donde apareció el cuerpo de Cecilia sin vida. La misma que se incorporó como evidencia para investigar poco antes de que termine el juicio del año 2022.

Ante el riesgo de la pérdida de estas posibles evidencias, se realizaron las presentaciones alertando a la Fiscalía de Instrucción de Cruz del Eje, donde está radicada la causa ahora, para que se preserve el lugar y diligencien las medidas de pruebas.

El abogado Battistón hizo un planteo vinculado a la necesidad urgente de tomar dichas  pruebas en el terreno. Mientras que, la abogada Pavón pidió investigar el material probatorio que se había encontrado en el año 2020 en la vivienda y no se había analizado, vinculado al análisis de carácter genético.  

 La casa y el juicio

Fue durante el juicio oral llevado a cabo el año pasado en los Tribunales de Cruz del Eje, cuando de manera sorpresiva la abogada de la causa recibió las fotos del lugar. Era la audiencia número once, del día 19 de mayo, cuando se coronó la falta de investigación que contuvo esta causa, elevada a juicio por la fiscal Paula Kelm de Cosquín, el 5 de marzo de 2021 y que llevó al banquillo de los acusados a un único imputado, Lucas Bustos, sin pruebas, detenido dos años por un crimen del que fue absuelto.  

Durante esa jornada, la querella presentó una prueba que hizo suspender por quince días el juicio. Esa mañana la Dra. Pavón amaneció con las fotos de una nueva evidencia. Nueva para todos, menos para la Fiscalía de Instrucción de Cosquín, que nunca la incorporó en el expediente. La denuncia había sido realizada el 15 de mayo del año 2020, cuando los dueños de una vivienda, a la que no habían concurrido por el decreto de aislamiento, se encontraron con el candado forzado y la cerradura de la puerta rota. En el pequeño lugar, cercano al basural de Capilla del Monte, había un colchón manchado de sangre. Un caballo medio muerto sobrevivía en medio del aire pestilente del habitáculo. Hacía veinte días que a unos cientos de metros había aparecido sin vida el cuerpo de Cecilia. Hacía diecisiete días que Lucas Bustos ya estaba preso, por haberse autoincriminado en la comisaría de Capilla del Monte. 

El 19 de mayo, los jueces accedieron al pedido de la querella y solicitaron el sumario que se encontraba en la Comisaría de Capilla del Monte. Cuando por la tarde le preguntaron a la detective Verónica Castaña -quién estuvo investigando desde abril a octubre de 2020 el femicidio- si sabía sobre esa denuncia, aludió que sí, pero que desconocía si se habían tomado muestras para un análisis químico de la sangre. Nunca figuró en ninguno de sus diez informes sobre la causa. Luego de la lectura del sumario, las partes comprobaron que efectivamente química legal había tomado las muestras y habían detectado sangre y pelo humano.

Luego de tres semanas -tras haberse suspendido el juicio ante la presentación de esta nueva evidencia-  los resultados genéticos cotejados con las muestras tomadas en la vivienda el 16 de mayo de 2020, fueron insuficientes.

Las conclusiones de los informes técnicos fueron elaborados por la Dra. Nydia Modesti, la Dra. Viviana Furrer, la bioquímica Silvia Mutal y la Dra. Fernanda Salazar, del Instituto de Genética Forense del Poder Judicial, quienes concluyeron que todos los resultados de las muestras de sangre eran insuficientes para el cotejo con los ADN. Al respecto, Giselle Videla, abogada ayudante de la querella, explicó que, “si después de dos años no pueden servir las muestras, es porque la cadena de custodia no estuvo bien realizada y hace que las muestras se deterioren e impiden que podamos tener un ADN nuclear que es lo que sirve para, incluso si cotejado con las partes no da, después se pueda cotejar con otros  posibles ADN”.

La última evidencia incorporada en el juico fueron los resultados genéticos del pelo hallado en la vivienda. Éstos no fueron compatibles con los ADN de la víctima y el imputado y Mario Mainardi, la última persona que vio a Cecilia. 

Sin embargo, “en el marco del juicio contra Lucas Bustos solamente permitieron hacer un cotejo, teniendo en cuenta que esta denuncia jamás se investigó, ni se llevaron a cabo medidas probatorias con todo lo que se había recolectado ahí. Ahora estamos solicitando que se continúe con todas las medidas probatorias que hay que hacer para una investigación exhaustiva del lugar”, expresó la abogada Daniela Pavón, dando cuenta de que en la casa se ha encontrado mucho material para analizar y es la línea de investigación que se tiene que agotar.

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La vivienda constituye una de las pruebas fundamentales a investigar en la causa por el femicidio de Cecilia Basaldúa. Son estas las razones que conllevaron a la presentación en Fiscalía, dado que, según el abogado Battistón, no existen constancias en el expediente de que dichas medidas probatorias se hayan realizado. Desde la representación legal de la causa, se manifestó la preocupación ante el posible riesgo de otro incendio y la destrucción de las pruebas.

Pasaron tres años y medio del femicidio de Cecilia. La nueva investigación aún no tiene designado un fiscal en Cruz del Eje. Los focos de fuego iniciados en el basural, sin una explicación certera de sus orígenes, hoy reavivan dudas en el marco de una causa cargada de impunidad.