Retroceso en políticas de discapacidad: ANDIS revoca resolución con terminología obsoleta y estigmatizante
La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) generó un fuerte rechazo al publicar una resolución en el Boletín Oficial que utilizaba términos como «idiota», «imbécil» y «débil mental» para clasificar a personas con discapacidad. La medida, que fue calificada como un retroceso de más de un siglo en las políticas públicas, fue revertida tras el repudio generalizado de organizaciones y especialistas en discapacidad. ANDIS explicó que la terminología utilizada era «obsoleta» y no tenía intención discriminatoria, pero reconoció el error y anunció la modificación de la resolución.
Marcelo Betti, integrante de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad, expresó su preocupación por el retroceso en las políticas públicas. «La resolución de la Agencia Nacional de Discapacidad de enero pasado es grave no solo por el uso de palabras propias del siglo XIX, sino por el retroceso en la definición de discapacidad y en el otorgamiento de pensiones por invalidez laboral», señaló Betti. Además, destacó que estas pensiones, basadas en normativas de 1948, no reflejan la concepción actual de discapacidad, que depende del entorno y los apoyos disponibles, no de un porcentaje de invalidez.
Las pensiones por invalidez laboral, que equivalen al 70% de una jubilación mínima, son insuficientes para cubrir las necesidades básicas. Betti explicó que «nadie puede vivir con una pensión de estas características», ya que son montos bajos que solo sirven como un complemento. Además, criticó que los menores de edad no puedan acceder a estas pensiones, ya que están diseñadas para personas en edad laboral. «Lo que correspondería es que los menores cobren la asignación universal por hijo con discapacidad, que es mayor», afirmó.
El retroceso en las políticas de discapacidad no se limita a la terminología utilizada. Betti denunció que muchas personas con discapacidad están recibiendo cartas que exigen documentación para sostener sus pensiones, lo que genera trastornos en su vida cotidiana. «Esto es muy preocupante, especialmente para personas con discapacidad intelectual o psicosocial, que se ven afectadas por estos procesos burocráticos», señaló. Además, criticó la falta de conocimiento de los funcionarios a cargo de diseñar políticas públicas en materia de discapacidad.
ANDIS anunció que modificará la resolución para alinearla con estándares internacionales, como la Clasificación Internacional de Enfermedades y el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Sin embargo, Betti advirtió que el problema de fondo persiste. «Hay un intento de estigmatizar a las personas con discapacidad y de cuestionar la legitimidad de las pensiones», afirmó. La comunidad de personas con discapacidad sigue atenta a las próximas medidas del gobierno para garantizar una política inclusiva y respetuosa de sus derechos.
