Los movimientos populares y las trabajadoras y trabajadores de la economía popular somos parte de la salida a la crisis que vive nuestro país.
Por Nori Montes, para La Voz del Interior
La Argentina de hoy atraviesa una profunda crisis económica y social, por decisiones del gobierno de Mauricio Macri orientadas a garantizar el incremento de la renta de corporaciones internacionales, dejando para después la satisfacción de las necesidades de nuestro pueblo. Desde nuestro sector, queremos hacer un aporte para salir de esta crisis y construir una sociedad más democrática, más integrada y más justa. Sabemos que el trabajo sigue siendo el mayor organizador social, y su falta nos trae las graves consecuencias que podemos observar en nuestro país: no sólo tenemos más de 11 millones de pobres, sino que también sufrimos problemas sociales como la violencia (delincuencia, violencia de género); el consumo problemático de drogas, que crece en todos los sectores sociales, y el resquebrajamiento social.
Conscientes de esta situación, estamos organizando a aquellos trabajadores y trabajadoras de la economía popular, que son quienes se inventaron su trabajo de diferentes maneras: por cuenta propia, en microemprendimientos familiares, changas, cooperativas, comedores, venta ambulante, entre otras cosas, y que hoy representan el 40 por ciento del total de los trabajadores de Argentina.
En 2016, se aprobó la Ley de Emergencia Social por unanimidad en el Congreso de la Nación; en 2018, presentamos los proyectos de ley de integración urbana, de infraestructura social, de emergencia alimentaria de emergencia en adicciones, de agricultura familiar, iniciativas que proponen regularizar y dar dignidad a miles de trabajadores argentinos que hoy se encuentran excluidos. En Córdoba, en diálogo con el gobernador Juan Schiaretti, logramos que se creara el Programa de Fortalecimiento de la Economía Popular, que contempla el reconocimiento y el fomento de la actividad de 200 mil trabajadores de la provincia.
Todas estas políticas públicas buscan abordar el problema de la pobreza desde el trabajo. Diversas entidades; organizaciones; asociaciones de la sociedad civil, del mundo del trabajo y la producción y del sector académico, que integramos la Mesa de Encuentro por el Trabajo y la Vida Digna, nos sumamos al pedido urgente de una ley de emergencia alimentaria, en consonancia con la llamada de la Comisión Episcopal de Pastoral Social de la Iglesia Católica, de las iglesias evangélicas y de miles de personas que se manifestaron pacíficamente en las calles el 28 de agosto, para enfrentar la crueldad del hambre que habita en millones de familias y que oscurece el presente, en especial de nuestros adultos mayores, y condiciona gravemente el futuro de niñas, niños y jóvenes.
En el marco de esta grave situación, no queremos más parches económicos. Pedimos políticas públicas con las que nos comprometemos a colaborar: pedimos la inmediata sanción de una ley de emergencia alimentaria, de una ley de integración urbana y de una ley de agricultura familiar, porque necesitamos que el trabajo sea la salida de esta situación.
Reafirmamos nuestro compromiso, firmado a fines del año pasado con distintas entidades religiosas y funcionarios políticos, de trabajar por la paz con justicia y democracia para todos.
* Secretario general de la CTEP
