Cumpliendo leyes pero violando derechos. Así es la estrategia de Llaryora para una obra millonaria en el olvidado norte cordobés.

*Por Violeta Collado para CDM Noticias y La Tinta, en el marco del proyecto «Volvé Aromito»

Hay un patrón se repite en las sierras de Córdoba. Primero, el anuncio de una ruta y la promesa de un hotel con fuentes de trabajo local. Luego, la obra avanza entre denuncias de atropello. Finalmente, la fractura social.

Este guión, ensayado en la polémica autovía de Punilla y la de Paravachasca —citadas por la legisladora Luciana Echevarría como ejemplos de un “modus operandi”—, encuentra ahora como nuevo escenario al perilago del Dique de Cruz del Eje. Aquí, la disputa suma capas más profundas, como el avance sobre territorio ancestral, reservas arqueológicas y una redistribución de tierras que perjudica a la escuela secundaria del lugar.

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El pavimento que lo cambia todo

El Dique de Cruz del Eje tiene un doble sabor. Representa la visión histórica de un desarrollo ambicioso para el norte provincial, con su paredón de 3 km como una de las obras hídricas más imponentes de Latinoamérica. Junto a esto, persiste un abandono histórico en inversiones básicas. El paisaje y el monte virgen eran, hasta ahora, un refugio de ese desarrollo que nunca llegó.

Los accesos al dique son pocos, hay dos caminos que salen desde la ruta de acceso a San Marcos y que llegan, uno hasta la represa, y el otro se orienta hacia la costa sur del perilago hasta llegar a la desenbocadura del río Quilpo. Son los llamados caminos terciarios, con huellas de ripio angostas, que suelen serrucharse con los vientos. El tercer acceso es desde una zona residencial histórica de la ciudad de Cruz del Eje, que trepa en zig zag los cuarenta metros de altura que tiene el paredón y suelen usarlo los pescadores para llegar al lago y pescar truchas y pejerreyes. El dique Arturo Illia, abastece de agua potable a la población de Cruz del Eje, pero también se extiende por kilómetros a traves de canales de riego que llegan hasta localidades más lejanas, también sirve para regular las crecidas de los ríos serranos, y abastece de energía a la red eléctrica provincial.

La primera pieza concreta del “Plan Integral de Promoción y Desarrollo Regional del Perilago” no es el hotel, sino el asfalto y la infraestructura hídrica. El 25 de junio se licitó la pavimentación de 10,37 kilómetros de caminos, con un presupuesto oficial de 12.567 millones de pesos. En la audiencia pública del 8 de abril, el ingeniero Fabricio Colombano, de Vialidad Provincial, presentó la obra como una mejora en la conectividad, una “segunda conexión” entre San Marcos Sierras y Cruz del Eje para evitar un tramo de ocho km por la Ruta Nacional 38.

Para las vecinas y vecinos autoconvocados de San Marcos Sierras, ese argumento es un eufemismo. En sus asambleas y en el pedido de informes presentado ante el Concejo Deliberante local el 22 de octubre, sostienen que la pavimentación tiene como destino final convertirse en el acceso acelerado al futuro complejo turístico. Temen que, una vez habilitado este corredor, se desate una presión de desarrollo y loteos sobre el perilago que hoy el monte nativo y los caminos de tierra contienen. “Claramente es un proyecto a futuro. Este es el comienzo de un desmonte que se va a prolongar”, afirmó Lalo Burgos, integrante de la Asamblea, antes los concejales sanmarqueños.

Este temor conecta directamente con el patrón denunciado por la legisladora provincial Luciana Echevarría. Al presentar un pedido de informes en la unicameral cordobesa el 13 de noviembre de este año, vinculó el caso con obras viales anteriores: “Nosotros tenemos un gobierno que ya hace un cuarto de siglo que está en el poder y está acostumbrado a atropellar. Ha pasado con la autovía de Paravachasca, que a sus propios intendentes ni siquiera les habían consultado. Ya es un modus operandi de este gobierno ”. Al mencionar también la “autovía de Punilla”, Echevarría trazó una línea entre conflictos donde una gran obra de infraestructura precede y facilita transformaciones territoriales controversiales, con escasa participación de las comunidades afectadas.

El hotel (y el fantasma del casino) en tierras de una escuela

Desde su fundación en la década de los 60, las escuelas agrotécnicas se dedican a la formación integral de las juventudes en contacto con la naturaleza y con prácticas productivas con el objetivo de tecnificar el el campo y retener a los jóvenes en las zonas rurales de la provincia. La escuela IPEA de Cruz del Eje alberga a estudiantes de San Marcos, Cruz del Eje y pequeñas localidades agrícolas como El Brete o Guanaco Muerto.

El camino hacia el hotel promovido por la Lotería de Córdoba pasa por el frente de la escuela. La nueva tubería que llevará gas hasta el hotel también. Pero la escuela tendrá que esperar para tener su conexión porque el proyecto no incluye presupuesto para esto. A la institución también le tocó ceder 27 hectáreas destinadas al proyecto. Según el Ministerio de Servicios Públicos, mantendrá sus 90 hectáreas iniciales, pero las tierras que le dieron a cambio como compensación avanzan sobre la orilla del lago, donde el agua, al subir, cubre el nuevo alambrado, generando riesgos para los practicantes de deportes acuáticos. Sin contar con los riesgos de contaminación asociados al manejo de animales en las orillas de espejos de agua.

El destino final de la nueva ruta está detallado en el Estudio de Impacto Ambiental sellado el 11 de marzo de este año. El núcleo del proyecto es la construcción de un hotel de 60 habitaciones con sala de usos múltiples, restaurante y pileta, con plantas de agua y tratamiento de efluentes para 500 personas.

La construcción se hará en parte de las 27 hectáreas que, según el legislador Fernando Luna, fueron “desafectadas” de las 90 que el decreto 2501 de 1969 adjudicó a la escuela agrotécnica IPEA 211. Luna, en otro pedido de informes fechado el 29 de octubre, cuestionó la velocidad de este proceso: “Hemos visto que se ha desmontado con mucha celeridad, una de las circunstancias que muchas veces los productores agropecuarios de nuestra zona no gozamos con tanta rapidez”.

Desde el principio, un rumor opacó la propuesta general del proyecto: el del casino. En un video de noviembre de 2024, el intendente de Cruz del Eje, Renato Raschetti, y el gobernador Martín Llaryora confirmaban el destino de la inversión. Luego, en la audiencia pública poco difundida, la representante de Lotería, Romina Montemartini, equiparó el proyecto con el “Ansenuza Hotel Casino Spa” de Miramar. Mientras que, Horacio Pereyra, referente de la comunidad Toco Toco que actúa como veedor de la obra que se realiza en la juntura de las Reservas Arquelógicas Quilpo y Guasapampa, salió a desmentirlo el 31 de octubre: “Nos aseguró en personael presidente de Lotería que en el lugar no se va a construir un casino, ni sala de juegos”.

La fractura indígena: el Consejo Provincial vs. la Constitución Nacional

Si la obra vial y el hotel dividen a los vecinos, el procedimiento de consulta indígena ha partido en dos a las propias comunidades originarias. Este es el conflicto adentro del conflicto.

Por un lado, la provincia sostiene que cumplió con la ley provincial 10.316 de 2015, la cual creó el Consejo Provincial de Comunidades y Pueblos Indígenas. La arqueóloga Melisa Rodríguez Oviedo, directora del monitoreo en el terreno, explicó en una entrevista en CDM Noticias el 28 de noviembre pasado que su equipo se guió por esta norma, coordinando con el Consejo a través de la Agencia Córdoba Cultura. Según lo establecido allí, el territorio abarcado en el proyecto corresponde ancestralmente a la comunidad Toco Toco. A su vez, esta comunidad invitó a las comunidades Tay Pichin y Taku Kuntur, también inscriptas en el Consejo, a dar su aprobación al proyecto. Horacio Pereyra, referente de la comunidad Toco Toco, detalló el estricto sistema de veeduría y confirmó la existencia de un acta-acuerdo del 5 de septiembre de este año, que otorga un permiso precario sobre un predio de 20 hectáreas en el perilago para beneficio de “las comunidades” y que todavía no tiene determinada su ubicación.

Por otro lado, la Comunidad Tulián, con personería jurídica en el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), presenta un reclamo de inconstitucionalidad. Durante el festival “Por el Agua, por el Monte, por la Vida”, organizado por las vecinas y vecinos el 5 de diciembre, la casqui curaca de la Comunidad, Mariela Tulián, fue categórica: “Concretamente lo que plantea la provincia no es constitucional porque a nosotros nos asiste la garantía constitucional de haber sido parte en el momento debido de la consulta y consentimiento libres previos e informados. Eso no se cumplió”.

Para Tulián, el Consejo Provincial es una estructura creada para “aprobar todos los proyectos que la provincia pretenda llevar adelante”, lo que considera una manipulación que ignora derechos constitucionales y tratados internacionales.

Esta división fue palpable en la reunión que se realizó el 19 de noviembre en el Centro Civico de Cruz del Eje, entre 20 funcionarios de la provincia, autoridades municipales e indígenas y cinco vecinos en representación de la Asamblea, donde Mariela Tulián denunció la violación de derechos, mientras Pereyra defendía la participación de su comunidad.

La resistencia y el modelo que se impone

Frente a este avance, la respuesta de una parte de la comunidad ha sido la acción directa. El 6 de noviembre se inició un acampe en el camino terciario adonde se accede a la zona desde San Marcos Sierras y que el proyecto prevé pavimentar. Con esta intervención las vecinas y vecinos lograron frenar el avance de las máquinas en ese punto, obligando a la empresa vial a redirigir la obra hacia el tramo más cercano al hotel.

Gracias a esta medida vecinal, además, se pudo detectar y denunciar un desmonte ilegal en Estancia Manzi. El 2 de diciembre, la policía ambiental elaboró un acta de infracción ambiental y ordenó el cese de actividades en el lugar.

Por su parte, el intendente de San Marcos Sierras y presidente de la Comunidad Regional Cruz del Eje, Luciano Vrancic, se deslindó del proyecto, señalando la falta de socialización: “En lo personal, entiendo que faltó lo que viene faltando en algunos otros proyectos también, sobre todo los que son proyectos provinciales, mayor bajada territorial, mayor socialización de los proyectos a nivel local”.

Así, el conflicto del Perilago condensa las tensiones de una época: la infraestructura que se impone sin licencia social, la legalidad administrativa que choca contra derechos constitucionales, y la fractura de las comunidades. Pero también revela la cruda paradoja deun gobierno provincial que cumple sus propias normativas, aunque sean cuestionadas, y concentra un presupuesto millonario en un proyecto por lo menos fuera de escala, mientras demandas históricas de la zona —como la inversión en la red de distribución de agua, cloacas y saneamiento— continúan postergadas.

Como un eco de autovías anteriores, la polémica ruta al hotel no solo promete acortar distancias entre pueblos, sino que logró, en cambio, profundizar la brecha entre el gobierno y la población. La historia se repite, pero esta vez, el desmonte no es solo de árboles, sino también de consensos. Al cierre de esta crónica, la comunidad indígena Tay Pichin presentó un Amparo Ambiental con apoyo de la Asamblea, esperando respuesta antes de que inicie la feria judicial.

Fotografías: Eugenia Marengo. Aéreas: Agustín Fontaine